Barreras para la financiación de las renovaciones de edificios

Tras muchos años de políticas energéticas orientadas a la oferta de energía, tanto en la UE como en España, en los últimos años las políticas de energía y clima han cambiado hacia la gestión de la demanda. En la edificación, pese a existir desde hace años unos objetivos claramente definidos y bien conocidos y pese a algunas experiencia de éxito en determinados países, existe en la UE un problema de financiación que impide llevar a cabo las millones de rehabilitaciones energéticas necesarias (intervenciones con el objetivo de renovar y de reducir sensiblemente el consumo energético) del parque de edificios existente, estimado en unos 190 millones de viviendas en toda la UE.

Las principales barreras para el despegue de la inversión en actuaciones de eficiencia energética en edificios son:

• La falta de conocimiento (por parte de los propietarios, de los ocupantes y de los bancos) sobre los ahorros energéticos que se pueden llegar a obtener
• La insuficiente experiencia técnica para definir y llevar a cabo proyectos integrales de rehabilitación y mejora energética, ya que aún no hay referencias suficientes
• La falta de certeza de que se consigan los ahorros energéticos comprometidos
• La incapacidad de los proyectos de llegar a las expectativas de rentabilidad (payback)
• Como consecuencia de todo lo anterior, la falta de capital privado para invertir en estos proyectos

Las fuentes de capital para abordar intervenciones de rehabilitación energética en el parque de edificios pueden proceder de fondos públicos (subvenciones de las administraciones), de los propietarios de las viviendas, de los ocupantes de las viviendas, de los bancos, de las empresas energéticas o de las empresas de rehabilitación de edificios. Hasta ahora se cuenta con experiencia en 3 alternativas de financiación que han dado buenos resultados: operaciones financiadas por el propietario de la vivienda, operaciones financiadas por una empresa energética (con devolución mediante una cuota fija) si el marco normativo lo propicia, o bien operaciones financiadas por una empresa de servicios energéticos (contrato de rendimiento).

La disponibilidad de capital para financiar este tipo de intervenciones depende de diversos factores: la capacidad de acceso a las fuentes de capital y el coste de la financiación, la percepción del riesgo (ratio riesgo/recompensa) de la inversión en renovaciones energéticas de edificios y la existencia de otras alternativas de inversión en competencia con la rehabilitación de edificios.

Es evidente que los gobiernos tienen un papel clave para influir sobre estos tres factores que determinan las prioridades de inversión por parte del sector privado. Una vez fijados los compromisos de reducción de emisiones de GEI para 2020, una de las principales tareas de intervención de los gobiernos es animar y arrastrar al capital privado de forma que la co-financiación privada aporte factores de apalancamiento que permitan llegar a inversiones anuales en el entorno del 0,5 al 0,8% del PIB.

En Alemania, en Francia, en Italia y en el Reino Unido ha habido casos de éxito en los cuales, a partir de un dinero procedente de fondos públicos, un marco legislativo adecuado ha conseguido la implicación de inversores privados (compañías de seguros, fondos de inversión, entidades financieras, empresas energéticas, constructoras, etc) con buenos resultados en cuanto a reducciones en el consumo energético y en la emisiones de GEI, en la mejora de la economía y en el bienestar de la región.

Dentro de la UE, España va especialmente retrasada en el desarrollo del marco normativo y de las actividades de mejora de la eficiencia energética. Cualquier solución a este retraso pasa necesariamente por desarrollos normativos (algunos recientemente publicados en 2013) acompañados por nuevos mecanismos de financiación en los que participen los agentes del sector privado.

Las inversiones del sector privado en renovaciones energéticas compiten con inversiones en otros ámbitos, que cuentan con ratios riesgo/recompensa más conocidos por los potenciales inversores, que pueden llegar a exigir a sus inversiones en edificación niveles de rentabilidad excesivamente altos, dada la falta de referencias.

A estos retos financieros se unen los retos estructurales del mercado de la renovación energética, un mercado aún sin desarrollar, excesivamente fragmentado, con distintos intereses entre propietarios y ocupantes de edificios y con alguna distorsión normativa (como algunas tarifas energéticas decrecientes en función del consumo). Y, como es habitual, un último tipo de retos son los de concienciación y formación a los ciudadanos.

Cualquier solución gubernamental para atraer la inversión privada debiera hacer que converjan los intereses económicos de todos los actores involucrados: los clientes (propietarios e inquilinos de las viviendas), el mundo financiero (inversores institucionales, entidades financieras), el mundo energético (productores, distribuidoras y comercializadoras eléctricas, suministradores de gas), el mundo constructor y las administraciones en todos sus niveles.

Las nuevas medidas normativas y financieras capaces de derribar estas barreras han de ir de la mano para atraer a la inversión privada y así impulsar la actividad rehabilitadora, y deberán contemplar todos los beneficios derivados de estas intervenciones: los ahorros energéticos (la actividad clásica de las empresas de servicios energéticos), las reducciones de emisiones de GEI, mediante programas de certificados blancos, como en el sector energético (los gobiernos son el único agente capaz de percibir el valor de estas reducciones) y los beneficios colaterales (revalorización, mejora de la calidad de la vivienda y de las condiciones de vida de los ocupantes)

La solución a todos estos retos resulta clave para el despegue de la actividad de renovación energética de edificios en España. Sin duda resulta compleja y requiere de la clara voluntad de distintos sectores (la banca, la construcción, la energía). Y en los últimos tiempos ni la clase política ni ninguno de estos tres sectores económicos se encuentran entre los más valorados por la ciudadanía.