Conductores, ciclistas y peatones

La inmensa mayoría de nuestras ciudades están diseñadas para los coches. En ellas buena parte del espacio urbano se ha entregado en los últimos 50 años al coche, al asfalto, a calles y a aparcamientos. Incluso se han derribado edificios y transformado plazas para hacer sitio para el coche en las ciudades. Además el modelo de urbanismo disperso ha hecho aumentar nuestras necesidades de desplazamiento desde unos lugares de residencia alejados del centro y no siempre servidos por el transporte público.

El coche está inmerso en nuestra vida y en nuestra cultura occidental. Dedicamos una parte importante de los ingresos familiares al coche y pasamos buena parte de nuestra jornada laboral en el coche. La congestión del tráfico es una escena habitual en nuestras ciudades y a determinadas horas del día nos comunicamos exclusivamente a bocinazos.

Aparte de sus consideraciones energéticas y ambientales, con evidentes impactos negativos, el abuso del transporte privado motorizado tiene importantes connotaciones sociales y es causa de conflictos en los espacios urbanos.

La alternativa al uso del vehículo privado pasa por una oferta atractiva de transporte público, pero este asunto es objeto de una reflexión aparte. Uno de los medios de transporte alternativos al transporte motorizado es la bicicleta, que puede resultar adecuado para desplazamientos cortos (3 km, 20 minutos). Hace 100 años la bicicleta se usaba mucho en todas las ciudades europeas -hasta que se vio desplazada por el coche- y aún hoy se sigue usando en las ciudades de países del tercer mundo. A nivel mundial aún hay más bicis (1.000 millones) que coches (850 millones).

En muchos países del Norte y Centro de Europa, con un clima peor que el de Sur, se sigue empleando la bicicleta en los desplazamientos urbanos. Uno de los países de referencia es Holanda, donde un 25% de los ciudadanos va al trabajo en bicicleta y donde la bicicleta es una parte esencial en cualquier política sobre movilidad. En estos países, que todos consideramos como avanzados, la bicicleta es un vehículo urbano de pleno derecho.

Sin embargo, salvo unas pocas excepciones, en el Sur de Europa la bicicleta en la ciudad es algo casi exótico. Se asocia a la bicicleta como un símbolo en las manifestaciones reivindicativas de grupos conservacionistas ante desastres ambientales o bien como instrumento de ocio durante los fines de semana. La bicicleta está bien asumida por la clase política, que se presta gustosa a establecer un día al año para el uso de la bicicleta en “la ciudad sin coches” (¿y el resto del año qué?), que ha instalado abundantes puntos de alquiler de bicicletas y que en sus balances de legislatura resaltan el número de nuevos kilómetros de carril bici construidos, con independencia de que estén bien diseñados, de que ofrezcan las condiciones de seguridad necesarias o incluso de que sean utilizados.

Pese a todo esto, la bicicleta se va imponiendo en nuestras ciudades. Sus muchas ventajas hacen que cada vez veamos más bicis en nuestro paisaje urbano. Pero la reacción de algunos conductores ante esta intromisión en un espacio que consideran exclusivamente suyo está siendo causa de disgusto y de insolidaridad.

Una forma sensata de integrar la bicicleta en el tráfico urbano es segregar bicis y coches si el tráfico general es rápido y denso. Cuando no sea posible esta segregación se establecen las zonas de velocidad limitada a 30 km/h. A pesar de los carriles bici, el principal inconveniente es que en las ciudades las bicicletas se ven obligadas a circular entre coches, autobuses y camiones y la realidad es que cuando ejercemos de conductores nos falta mentalización y tiene lugar una cadena de abusos. Así como algunos conductores avasallan a los ciclistas, algunos ciclistas avasallan a los peatones (circulando por aceras) y algunos peatones invaden espacios dedicados a coches o a bicis. Y cuando el ciclista o el peatón va en coche, se transforma en conductor y su punto de vista suele cambiar.

Ante la realidad de que el modelo de carreteras, calles, carriles bici y aceras, regulado todo ello mediante semáforos, no acaba de funcionar, ¿podemos imaginar qué pasaría si conductores, ciclistas y peatones compartiesen sin limitaciones el espacio urbano? La coexistencia sin accidentes de coches, bicis y peatones es una cuestión de educación y de civismo, y no solo de que los ciclistas se vean obligados a llevar casco.

El político laborista escocés Gavin Strang, Ministro de Transportes con Tony Blair, afirmó que “hemos estado demasiado tiempo diseñando las calles residenciales teniendo en mente los flujos del tráfico rodado, en vez de pensar en la seguridad de las personas que viven en ellas. Es hora de actuar para equilibrar la balanza”. ¿Tendrán nuestros dirigentes locales la visión, el coraje y el acierto suficientes para repartir acertadamente el espacio urbano de forma más equilibrada, de modo que los ciudadanos a pie o en bici recuperemos una parte del espacio perdido ante el automóvil?

Barreras para la financiación de las renovaciones de edificios

Tras muchos años de políticas energéticas orientadas a la oferta de energía, tanto en la UE como en España, en los últimos años las políticas de energía y clima han cambiado hacia la gestión de la demanda. En la edificación, pese a existir desde hace años unos objetivos claramente definidos y bien conocidos y pese a algunas experiencia de éxito en determinados países, existe en la UE un problema de financiación que impide llevar a cabo las millones de rehabilitaciones energéticas necesarias (intervenciones con el objetivo de renovar y de reducir sensiblemente el consumo energético) del parque de edificios existente, estimado en unos 190 millones de viviendas en toda la UE.

Las principales barreras para el despegue de la inversión en actuaciones de eficiencia energética en edificios son:

• La falta de conocimiento (por parte de los propietarios, de los ocupantes y de los bancos) sobre los ahorros energéticos que se pueden llegar a obtener
• La insuficiente experiencia técnica para definir y llevar a cabo proyectos integrales de rehabilitación y mejora energética, ya que aún no hay referencias suficientes
• La falta de certeza de que se consigan los ahorros energéticos comprometidos
• La incapacidad de los proyectos de llegar a las expectativas de rentabilidad (payback)
• Como consecuencia de todo lo anterior, la falta de capital privado para invertir en estos proyectos

Las fuentes de capital para abordar intervenciones de rehabilitación energética en el parque de edificios pueden proceder de fondos públicos (subvenciones de las administraciones), de los propietarios de las viviendas, de los ocupantes de las viviendas, de los bancos, de las empresas energéticas o de las empresas de rehabilitación de edificios. Hasta ahora se cuenta con experiencia en 3 alternativas de financiación que han dado buenos resultados: operaciones financiadas por el propietario de la vivienda, operaciones financiadas por una empresa energética (con devolución mediante una cuota fija) si el marco normativo lo propicia, o bien operaciones financiadas por una empresa de servicios energéticos (contrato de rendimiento).

La disponibilidad de capital para financiar este tipo de intervenciones depende de diversos factores: la capacidad de acceso a las fuentes de capital y el coste de la financiación, la percepción del riesgo (ratio riesgo/recompensa) de la inversión en renovaciones energéticas de edificios y la existencia de otras alternativas de inversión en competencia con la rehabilitación de edificios.

Es evidente que los gobiernos tienen un papel clave para influir sobre estos tres factores que determinan las prioridades de inversión por parte del sector privado. Una vez fijados los compromisos de reducción de emisiones de GEI para 2020, una de las principales tareas de intervención de los gobiernos es animar y arrastrar al capital privado de forma que la co-financiación privada aporte factores de apalancamiento que permitan llegar a inversiones anuales en el entorno del 0,5 al 0,8% del PIB.

En Alemania, en Francia, en Italia y en el Reino Unido ha habido casos de éxito en los cuales, a partir de un dinero procedente de fondos públicos, un marco legislativo adecuado ha conseguido la implicación de inversores privados (compañías de seguros, fondos de inversión, entidades financieras, empresas energéticas, constructoras, etc) con buenos resultados en cuanto a reducciones en el consumo energético y en la emisiones de GEI, en la mejora de la economía y en el bienestar de la región.

Dentro de la UE, España va especialmente retrasada en el desarrollo del marco normativo y de las actividades de mejora de la eficiencia energética. Cualquier solución a este retraso pasa necesariamente por desarrollos normativos (algunos recientemente publicados en 2013) acompañados por nuevos mecanismos de financiación en los que participen los agentes del sector privado.

Las inversiones del sector privado en renovaciones energéticas compiten con inversiones en otros ámbitos, que cuentan con ratios riesgo/recompensa más conocidos por los potenciales inversores, que pueden llegar a exigir a sus inversiones en edificación niveles de rentabilidad excesivamente altos, dada la falta de referencias.

A estos retos financieros se unen los retos estructurales del mercado de la renovación energética, un mercado aún sin desarrollar, excesivamente fragmentado, con distintos intereses entre propietarios y ocupantes de edificios y con alguna distorsión normativa (como algunas tarifas energéticas decrecientes en función del consumo). Y, como es habitual, un último tipo de retos son los de concienciación y formación a los ciudadanos.

Cualquier solución gubernamental para atraer la inversión privada debiera hacer que converjan los intereses económicos de todos los actores involucrados: los clientes (propietarios e inquilinos de las viviendas), el mundo financiero (inversores institucionales, entidades financieras), el mundo energético (productores, distribuidoras y comercializadoras eléctricas, suministradores de gas), el mundo constructor y las administraciones en todos sus niveles.

Las nuevas medidas normativas y financieras capaces de derribar estas barreras han de ir de la mano para atraer a la inversión privada y así impulsar la actividad rehabilitadora, y deberán contemplar todos los beneficios derivados de estas intervenciones: los ahorros energéticos (la actividad clásica de las empresas de servicios energéticos), las reducciones de emisiones de GEI, mediante programas de certificados blancos, como en el sector energético (los gobiernos son el único agente capaz de percibir el valor de estas reducciones) y los beneficios colaterales (revalorización, mejora de la calidad de la vivienda y de las condiciones de vida de los ocupantes)

La solución a todos estos retos resulta clave para el despegue de la actividad de renovación energética de edificios en España. Sin duda resulta compleja y requiere de la clara voluntad de distintos sectores (la banca, la construcción, la energía). Y en los últimos tiempos ni la clase política ni ninguno de estos tres sectores económicos se encuentran entre los más valorados por la ciudadanía.

Emprendizaje: nuevas iniciativas ante una nueva realidad

Entre los muchos cambios sociales que han tenido lugar en las últimas décadas uno de los más relevantes ha sido el del mercado laboral. Han quedado atrás los tiempos en los que unos estudios (una formación profesional o una carrera universitaria) aseguraban la obtención de un empleo, una carrera corporativa sin grandes altibajos y una jubilación plácida y tranquila. La crisis generalizada ha supuesto una sensible reducción en la oferta de empleo, sobre todo entre los más jóvenes. Nuestro mercado laboral se caracteriza por una competencia atroz por un número de puestos de trabajo cada vez menor, unos salarios a la baja y unas prestaciones sociales cada vez más reducidas.

Pero además existe otra causa de base, que es la carencia de habilidades críticas en los jóvenes demandantes de empleo. 

Hay que asumir esta nueva realidad, aunque aún permanecen muchas inercias sociales y familiares sobre el camino a seguir por los recién titulados.

Pese a lo que ha costado su formación, la juventud supone la mitad de los millones de desempleados de España. Hace 4 ó 5 décadas había varios puestos de trabajo por cada universitario recién titulado, mientras que en la actualidad existen varios recién titulados por cada puesto de trabajo.

Uno de los síntomas claros es la divergencia entre el mundo formativo (formación profesional y universitaria) y el mundo empresarial, la brecha entre la teoría y la práctica. Los empleadores, los educadores y los jóvenes viven en el mismo mundo pero perciben diferentes realidades. El interés de los educadores por el mundo empresarial no es muy elevado y tras la etapa académica abundan más los empleados y asalariados que los emprendedores. Incluso en determinados ámbitos la palabra empresario tiene connotaciones negativas. Está claro que cualquier solución pasa por infundir una cultura emprendedora desde las etapas educativas más tempranas.

Además no están claras cuáles son las habilidades que demandan los empleadores ni tampoco por qué los formatos educativos no proporcionan el perfil del empleado que demandan los empleadores. Cada pareja de elementos de esta terna (solicitante de empleo, mundo educativo y mundo empresarial) echa la culpa al tercero y el resultado es que una cosa son los conocimientos adquiridos en la etapa formativa y otra muy distinta es cómo transformarlos en productos y servicios que aporten valor a la sociedad.

Pero haciendo buena cara del mal tiempo, si existe una vocación emprendedora, es cierto que nunca ha habido tantas oportunidades y tantos apoyos (incubadoras de empresas de nueva creación, ángeles de negocios o fondos de inversión) para emprender como hoy. El autoempleo y el emprendizaje son nuevas opciones de ocupación laboral. La búsqueda de la independencia económica puede propiciar que los jóvenes creen empleo de calidad -por ejemplo en empresas de base tecnológica y creativa- para sí mismos y para otras personas, en lugar de esperar a que “alguien” lo haga por ellos.

Resulta evidente que el emprendizaje no vale para cualquier persona. Hay que ser a la vez rebelde e innovador y también estar dispuesto a correr ciertos riesgos. Para emprender es necesario tener un objetivo y ser capaz de llevarlo a la práctica, ganas de aprender, confianza en uno mismo, ilusión, paciencia y optimismo. Emprender puede suponer vivir para trabajar, para sacar adelante el proyecto empresarial -y a la vez disfrutar- en vez de simplemente conformarse con trabajar para vivir.

Entre las ventajas de los jóvenes emprendedores está el que no tienen una familia que mantener y que no buscan el dinero inmediato. Y entre las barreras a superar está la falta de formación en gestión empresarial (finanzas, administración, marketing, recursos humanos) por parte de los recién titulados.

Desde el punto de vista institucional es preciso facilitar la creación, el desarrollo y la consolidación de nuevas empresas innovadoras y creativas. En ocasiones en los programas públicos de ayuda a nuevas empresas cobran demasiado protagonismo las propias instituciones, haciendo creer a los nuevos emprendedores que ellas están obligadas a darles dinero, en vez de que ellos intenten obtenerlo directamente de sus clientes, lo que supone una cierta confusión. Para elaborar buenos programas de impulso a emprendedores las instituciones debieran contar con la participación de emprendedores con experiencia, que aporten sus vivencias personales y que transmitan sus éxitos y sus fracasos.

En síntesis, las administraciones debieran darse cuenta de que enseñar a pescar -idealmente de la mano de pescadores expertos- resulta bastante más efectivo que pasarse la vida dando pescado.