Tiempos de cambio (III): los políticos y la ciudadanía

En los últimos años son muchas las entidades que han caído en descrédito en España, pero la que más confianza ha perdido ha sido la clase política, hasta el punto de que los políticos y la corrupción están entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. Hemos pasado del histórico desinterés por la política al habitual descontento con el Gobierno de turno y más recientemente al distanciamiento del sistema político actual, incapaz de resolver los problemas más básicos de los ciudadanos. La identificación de la sociedad con sus representantes públicos está en sus horas más bajas. Los motivos son variados y complejos, pero el principal es la falta de cercanía y de sintonía que los ciudadanos percibimos en nuestros dirigentes políticos.

En las democracias occidentales los partidos políticos tienen dos funciones básicas. La primera es presentar propuestas y candidatos para ocupar los cargos públicos. La segunda es atender y resolver los problemas de la sociedad desde esos cargos públicos y en coherencia con sus programas electorales. Ninguna de estas dos cosas tan elementales funciona bien en España. El desempeño de la función pública supone un trabajo arduo y no siempre bien reconocido, pero últimamente este esfuerzo está empañado debido a la falta de transparencia de los partidos políticos (con financiaciones opacas, sin elecciones primarias, con listas cerradas de candidatos) y a la actitud de un grupo de dirigentes -meros títeres movidos por los hilos del poder- que nos hablan de cosas que no nos importan (la recuperación macroeconómica) y no nos hablan de lo que sí nos importa (la economía doméstica).

En las listas cerradas de candidatos los partidos nos cuelan a personas dóciles que, en vez de velar por los intereses de sus electores, obedecen a rajatabla las directrices de los dirigentes de su partido. En vez de gente sensata y humilde abundan los mediocres que no están dispuestos a quedarse sin su medio de vida (un cargo público en “lo que sea”) por decir públicamente lo que la sociedad ya sabe: que han tolerado la corrupción a sabiendas, que tienen una mala imagen, que se les considera “una casta” privilegiada, con más de 2.000 políticos aforados, con puertas giratorias hacia las grandes empresas de sectores regulados, con múltiples casos de corrupción…

La apreciación que tiene la ciudadanía sobre la clase política es que en más ocasiones de las deseables el servicio público es sinónimo de beneficio personal para los políticos, que las administraciones públicas son ineficientes, redundantes y absurdas (por ejemplo, ¿qué sentido tiene el Senado, aparte de cementerio de elefantes?) y que muchos cargos públicos son inútiles y se prestan a corruptelas. La corrupción y el fraude, así como los políticos en general están entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. No se percibe ninguna autocrítica, no reconocen que no se han acercado a muchos sectores de la sociedad (la juventud, las pymes) y sin una regeneración a fondo no hay forma de que nuestros políticos resulten creíbles.

Ante este panorama tan desolador en los últimos años muchos ciudadanos críticos han participado por primera vez en movilizaciones de protesta y más tarde algunos han dado el paso hacia distintos movimientos sociales que pretenden acceder a la política, a los asuntos públicos, intentando reducir la brecha existente entre la clase política y la ciudadanía. Con estas actuaciones la ciudadanía está enviando a la clase política tradicional señales claras sobre lo que quiere y sobre lo que rechaza.

En la política española hay que introducir eficacia, transparencia, códigos éticos, mandatos limitados, de forma que las instituciones costeadas por todos estén al servicio del bien común. El sistema no puede estar al servicio de los políticos, sino al servicio de los ciudadanos.

En esta nueva “cosa pública” se tendrá que racionalizar el número de administraciones (europeas, nacionales, autonómicas, provinciales, comarcales y locales) y se deberá evitar la politización de las instituciones públicas buscando alternativas al método actual por el que se nombra a dedo a altos cargos y asesores y se crea una red de agencias y fundaciones que muchas veces no son más que pesebres y redes clientelares.

Además es preciso dejar a los políticos los temas legislativos y a los técnicos los temas ejecutivos. Las instituciones, en especial los ayuntamientos, como las más cercanas a los ciudadanos, deben estar gestionadas por técnicos profesionales, por gente que ocupe el cargo por su competencia profesional y no por su carnet político.

Las prioridades urgentes para los próximos años son proporcionar alimentos a los más pobres, garantizar unos servicios sanitarios básicos, educar a la juventud, construir viviendas asequibles y proteger el medio ambiente. Las administraciones deberán estar menos ligadas a los intereses económicos y comerciales de la economía formal y más atentas a los intereses ciudadanos de la economía social.

Igual que los partidos verdes consiguieron plantar la semilla de la necesidad de la protección ambiental a todos los partidos y a la sociedad en general, los nuevos partidos impulsados por ciudadanos deberán pretender plantar la semilla de la necesidad de regeneración en la vida pública y de dirigir su atención a lo verdaderamente importante. 

Ante la brecha existente entre los políticos y los ciudadanos, alguien tiene que controlar a los políticos y ese alguien debe ser la ciudadanía y no las grandes empresas ni “los mercados”. También en el ejercicio de recuperar la confianza en la función pública estamos ante un nuevo ciclo social, político, económico, educativo, cultural…

El desperdicio de alimentos

Uno de los mayores reflejos de la desigualdad en los países ricos queda plasmado en la cantidad de gente que pasa necesidades y en la cantidad de alimentos que se desperdician, ya que se estima que entre el 30 y el 50% de los alimentos que se procesan acaban siendo desperdiciados. Los desperdicios de alimentos son un síntoma de un problema mucho mayor cuya resolución implica un replanteamiento total del actual sistema de producción, distribución y consumo de alimentos.

La cadena de distribución de alimentos -frescos o procesados- desde el productor hasta el consumidor resulta ineficiente y en la UE se calcula que se tiran 89 millones de toneladas al año de alimentos aptos para su consumo (una media 179 kg por habitante y año o de medio kg por habitante y día). Si no se pone remedio, en 2020 estas cifras podrían subir hasta los 126 millones de toneladas al año.

Analizando la cadena alimentaria, el 39% del desperdicio tiene lugar en los productores y en las industrias alimentarias (exceso de producción, productos en mal estado o defectuosos), el 5% en la distribución (transporte y cadena de frío), el 14% en restauración y el 42% en los hogares de los consumidores particulares (compras de productos envasados en envases no adecuados a su necesidad, etiquetado confuso en cuanto a fechas).

Los supermercados y las cadenas de distribución rechazan más del 20% de las frutas y verduras tan solo por su estética. Además están en vigor unas reglas muy estrictas sobre el etiquetado de alimentos que hacen que alimentos perfectamente comestibles se echen a la basura sin motivo en cualquier eslabón de la cadena de distribución.

Dado que el 42% de este desperdicio tiene lugar en los hogares, los ciudadanos podemos aprender desde pequeños cómo cultivar y producir nuestros propios alimentos (huertos urbanos) y aprender unas nociones básicas sobre cocina (la cocina de nuestras abuelas), para no tener tantos restos de comida. Así, con sobras de frutas se pueden hacer batidos o mermeladas, con sobras de verduras purés, con sobras de carne croquetas y con las espinas de pescado caldos o salsas.

Para evitar que se tire a la basura comida que puede ser aprovechada por otros, algunas cadenas de venta de bocadillos o sándwiches ponen a la venta a última hora los productos no vendidos a un precio fijo, o bien los retiran para su donación a organizaciones de ayuda social. 

Los distintos bancos de alimentos que funcionan en España gestionan 90.000 t/a de alimentos sobrantes para repartirlos entre gente necesitada. Están atendidos por voluntarios y presentan limitaciones de infraestructura (camiones, cámaras frigoríficas).

En los 85.000 restaurantes existentes en España se desperdician 63.000 t/a de alimentos (más de 2 kg al día de media). De este desperdicio el 60% se debe a una mala previsión en las compras, un 30% se desperdicia durante la preparación de las comidas y tan solo el 10% son sobras en el plato de los comensales.

En el Reino Unido hay 900.000 personas que usan regularmente los bancos de alimentos, mientras que la distribución y venta minorista de alimentos genera 4,3 millones de toneladas de restos de alimentos cada año. Una idea original puesta en práctica en el Reino Unido es el auténtico proyecto de la comida inútil, un concepto de restaurante que cocina a base de alimentos sobrantes y que presta un servicio de asesoría en alimentación. 

El primer local de este proyecto fue abierto en Leeds, y en él se reciben a diario todo tipo de alimentos, ya sean perecederos o no, que sobran en granjas, supermercados y restaurantes locales. Con la materia prima a coste cero son los clientes quienes deciden cuánto quieren pagar según su satisfacción con la experiencia (pay as you feel, con una media de 5€). Cada semana el pequeño local acoge a entre 100 y 150 comensales.

La idea original fue de Adam Smith, un chef de Yorkshire preocupado con el problema creciente de los restos de alimentos. Tras pasar un año trabajando en granjas en Australia, al regresar a Leeds contactó con dos estudiantes que durante años habían conocido los desperdicios de comida que de generan en supermercados. La pasión, energía y dedicación hizo que en Diciembre de 2013 los tres amigos abrieran su primer café PAYF (pay as you feel) en Armley, Leeds. En poco tiempo la chispa ha prendido y se ha creado una red nacional de cafés similares (hasta 40) que sirven comida 100% elaborada a partir de alimentos sobrantes en base a PAYF. En 2014 la red evitó tirar a la basura más de 50 toneladas de restos de comida y dio de comer a miles de personas. Este pequeño ejemplo supone un esfuerzo colaborativo para llegar a un cambio sustancial en nuestro actual sistema de producción, distribución y -sobre todo- consumo de alimentos.

Tiempos de cambio (II): los políticos y los grandes grupos empresariales

En los últimos años se ha consolidado en España un exceso de poder concentrado en determinados sectores de la economía (la banca, las empresas energéticas, las constructoras, las telecomunicaciones, la defensa, la química, el transporte). Este hecho, junto con la alanza de hierro entre estos sectores y los gobiernos, ha dado como resultado que, en determinados casos, en vez de legislar según el interés general, se haya legislado según el interés particular de “los mercados financieros”, de estos sectores que hacen políticas de presión, y cuyo negocio depende de la legislación.

Esto ha supuesto en la ciudadanía una gran desafección ante la clase política y una pérdida de confianza ante los grandes lobbys empresariales. La palabra lobby procede de los vestíbulos del parlamento británico donde representantes de asociaciones empresariales abordaban a los políticos para trasladarles sus peticiones, de forma que sean tenidas en cuenta en sus decisiones legislativas. Así pues, el lobby procede del mundo anglosajón (es célebre el lobby del hotel Willard en Washington), pero en los últimos años ha hecho un hueco en España. Los grandes lobbys empresariales coinciden con los sectores económicos de mayor crecimiento en los últimos años (inmobiliarias, bancas, eléctricas, constructoras), aunque también hay potentes lobbys ecologistas, sindicales, etc. 

Las grandes empresas encuentran en la influencia directa sobre políticos y legisladores un camino más fácil y más accesible que en la influencia directa sobre la opinión y el voto de los ciudadanos. Para ello las asociaciones empresariales emplean instrumentos como think tanks, bufetes de abogados, empresas de comunicación o fundaciones para influir sobre los políticos, ya sea directamente o a través de fundaciones vinculadas a partidos políticos.

Está claro que cualquier sector de la sociedad necesita hacer valer sus posiciones frente a los poderes públicos, por lo que son habituales encuentros informales entre la sociedad civil y las empresas con los dirigentes políticos. Las actuaciones de relacionarse con los gobiernos son perfectamente legales. Sin embargo, en la práctica hay una falta de transparencia que permite influencias lícitas e ilícitas, así como prácticas opacas entre el sector privado y las administraciones públicas. En la Ley de Transparencia no se incluye un registro de lobbys.

Esta especial sensibilidad de los altos cargos hacia los grandes grupos empresariales no tiene paralelismo con las pequeñas y medianas empresas, que, según la OCDE, generan entre el 70 y el 90% del empleo. En España el 99,9% de los 3,2 millones de empresas son pymes (menos de 250 empleados) y el 95,5% son micro-pymes (menos de 10 empleados), mientras que solo 3.800 empresas tienen más de 250 empleados. Las pymes se dedican a los servicios, sobre todo al comercio, a la construcción y a la industria, son fruto de la vocación emprendedora de sus fundadores, son el motor económico de una región o de un país y salen a flote por sus capacidades, y no por las ayudas públicas ni por las disposiciones del Boletín Oficial del Estado.

La vergonzante política de puertas giratorias nos muestra los múltiples casos de altos cargos políticos que, al cesar en sus puestos, pasan a trabajar en empresas con control regulatorio, cuya cuenta de resultados depende de la legislación. Ante la opinión pública estos casos son un burdo pago por los servicios prestados, que solo una gran empresas eléctrica, constructora o de banca (y nunca una pyme) puede ofrecer.

No hay duda que la corrupción política es una de las preocupaciones ciudadanas y que es necesario erradicarla. Pero no hay que olvidar que tras un político corrupto suele haber un empresario corruptor.

Por suerte los ciudadanos somos consumidores y somos electores. Podemos elegir a quién comprar y en quién depositar nuestra confianza. Podemos impulsar alternativas -por ahora incipientes- a las grandes empresas energéticas y a la banca tradicional, así como a la clase política convencional. Es posible consumir productos y servicios de empresas de servicios técnicos municipales, de cooperativas eléctricas y de entidades de banca cívica. Y también están surgiendo movimientos ciudadanos de todas las ideologías. Solamente deberíamos confiar en grandes empresas creíbles y en políticos creíbles. Y para ello los políticos deben hacer autocrítica y empezar por reconocer que no se han acercado a sectores relevantes (las pymes) y continuar por hacer público cuántas veces se reúnen los políticos con empresas y asociaciones empresariales y cuántas con organizaciones ciudadanas.