24 de abril de 2014

La estrategia Europa 2020: la teoría y la práctica

Ahora que se acercan las elecciones al Parlamento Europeo de Mayo de 2014 tal vez sea conveniente repasar las iniciativas de la Unión Europea durante la pasada legislatura en lo relativo a políticas sobre energía y clima, así como sobre otros asuntos de interés ciudadano.

Durante las últimas décadas, pero en especial desde 2005 en la Unión Europea se han ido fijando políticas claras e irreversibles dirigidas a la reducción de la demanda energética y de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con especial foco en algunos sectores “difusos”, es decir, los no regulados por el Protocolo de Kioto.

Entre estos sectores difusos se encuentran el sector residencial y el sector del transporte, en los que se emplea de forma generalizada combustibles fósiles para calefacción y para automoción.

En 2007, aún en un momento de bonanza económica, se adoptaron una serie de políticas sobre energía y clima que ya se habían planteado en 2005. La Unión Europea se postulaba como el paladín planetario en busca de una economía verde y descarbonizada. En 2008 estas medidas se completaron con la iniciativa del Pacto de Alcaldes, con objetivos voluntarios aún más ambiciosos.

En 2010, ya sumidos en plena crisis económica mundial, se hizo público el documento “Europa 2020: una estrategia para el empleo y el crecimiento inteligente, sostenible e integrador” [COM (2010) 2020]. Con objeto de atajar la crisis económica, social y ambiental en la Unión Europea, esta estrategia plantea tres posibles líneas de trabajo para transformar el actual modelo económico:
  • Un crecimiento inteligente: desarrollar un modelo económico basado en el conocimiento y en la innovación
  • Un crecimiento sostenible: promocionar un modelo económico que haga un uso más eficiente de los recursos, una economía más verde y competitiva
  • Un crecimiento integrador: fomentar un nuevo modelo económico generador de empleo y de cohesión social y territorial

La estrategia Europa 2020 ha marcado para el año 2020 cinco objetivos generales para toda la Unión Europea:
  1. Empleo: El 75% de la población entre 20 y 64 años deberá estar con empleo
  2. I+D tecnológica: El 3% del PIB deberá invertirse en I+D+i
  3. Energía y clima: Las emisiones de GEI se deberán reducir en un 20% (incluso un 30%) con respecto a los niveles de 1990, el 20% de la energía eléctrica se deberá reducir a partir de fuentes de energía renovables y la eficiencia energética se deberá aumentar en un 20%
  4. Educación: El índice de abandono escolar se deberá reducir a menos del 10% y se deberá aspirar a que al menos un 40% de la generación más joven tenga un título de enseñanza superior
  5. Pobreza y exclusión social: Se deberá reducir en al menos 20 millones en número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social
En 2011 la Comisión Europea reconoció la necesidad de redoblar esfuerzos para alcanzar estos objetivos generales y puso en marcha distintas iniciativas, entre las que destacan las comunicaciones del ejecutivo europeo sobre el uso eficaz de los recursos [COM (2011) 21], el plan de eficiencia energética [COM (2011) 109], la hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050 [COM (2011) 112], la hoja de ruta para la energía en 2050 [COM (2011) 885], el plan de acción sobre ecoinnovación [COM (2011) 899], la actualización de la política industrial [COM (2012) 582], el plan de acción sobre emprendimiento [COM (2012) 795] o el respaldo financiero a la eficiencia energética de los edificios [COM (2013) 225].

Por su parte el Parlamento Europeo ha aprobado durante la legislatura que ahora termina las Directivas 2010/31 sobre eficiencia energética en los edificios (actualización de una Directiva de 2002 que no se había terminado de transponer en España) y la Directiva 2012/27 sobre eficiencia energética.

La fama que tiene el Reino de España en incumplir los plazos para la transposición de las Directivas de la UE es bien merecida. Los temas que nos traemos entre manos son de gran relevancia y todo el paquete normativo sobre energía y clima nos va a marcar la vida a los ciudadanos europeos a corto y a medio plazo.

Una buena parte de la ciudadanía desconocemos la que se nos avecina y la sensación es que nuestra clase política en teoría cacarea mucho lo del 20-20-20 y lo del fomento de la I+D+i, pero en la práctica ni sabe en qué consiste ni lo tiene como algo prioritario, como demuestra la serie de recortes presupuestarios establecidos en España en casi todas las áreas que la Unión Europea ha fijado como esenciales para asegurar nuestro futuro.

A pesar de que en los últimos meses, en lo relativo al escenario posterior a 2020, está habiendo algunos intentos de atenuar algunos objetivos, la teoría está clara y la pinta es que, como viene siendo habitual, no haremos los deberes en su debido momento –ya no falta tanto para el año 2020– y cuando el incumplimiento sea evidente nos llegará el apercibimiento, la multa y “otros” tomarán las decisiones que nosotros no habremos sido capaces de tomar.

¿Seremos capaces de darnos cuenta de que las amenazas que se ciernen sobre los sectores de edificación y transporte pueden ser en realidad auténticas oportunidades en los cinco ámbitos de la estrategia 2020? En otras latitudes así lo han visto y desde hace años “están en ello”. ¿A qué esperamos nosotros? Por cierto, a ver cuántos de nuestros candidatos al Parlamento Europeo nos hablan sobre estos temas en la campaña que ahora comienza.

22 de abril de 2014

El negro panorama de la energía eléctrica en España

El sector energético es un sector industrial con claras implicaciones económicas, sociales y ambientales. España, la 13ª potencia económica mundial, se caracteriza por una dependencia energética superior al 75%, muy por encima de la media de la Unión Europea, que es del orden del 50%.

Esto significa que solo el 25% de la energía producida en España es autóctona. Es decir, que además de importar la mayoría de la tecnología para transformar recursos energéticos en electricidad, tenemos que importar la mayoría de los recursos energéticos que necesitamos.

En 2011 el consumo de energía primaria en España fue de 130 millones de tep (toneladas equivalentes de petróleo), de las que 100 millones de tep fueron de importación. Éstas importaciones de combustibles fósiles supusieron 45.000 M€ en 2011, es decir, un 24% del total de las importaciones y una cifra del orden de magnitud a los ingresos por turismo que se obtienen en el país.

En 2012 estas importaciones crecieron un 11% hasta llegar a los 50.000 M€. Y en 2013 volvieron a crecer hasta los 57.100 M€. Y no crecieron por el aumento del consumo -que se redujo en 1 millón de tep- sino por la dependencia de las importaciones de crudo y de gas, recursos energéticos que se comercializan en el mercado mundial y cuyos costes no se pueden controlar por quien los compra.

Este incremento de 12.000 M€ en las importaciones de combustibles fósiles en dos años es una cifra que pasa desapercibida ante la opinión pública. Y sin embargo es superior a las cifras del artificioso déficit tarifario eléctrico anual que tanto airea nuestro Gobierno para justificar determinadas actuaciones de “política energética”.


La realidad es que en cuanto a energía, desde hace muchos años en España se ha planificado mal y se ha legislado peor, con multitud de vaivenes y de parches regulatorios. Y los consumidores eléctricos (los ciudadanos y las industrias) estamos pagando la cadena de errores de los políticos.

Para empezar, se ha priorizado la generación eléctrica, ya sea en régimen ordinario como en régimen especial, en detrimento del ahorro y la eficiencia energética. En lo relativo a generación eléctrica, en los últimos 12 años el paulatino despegue de las energías renovables, propugnado por la Directiva 2001 / 77, ha supuesto unas cuantiosas inversiones privadas en respuesta a una llamada del Gobierno en busca de un mix energético más “sostenible”, que han coincidido en el tiempo con decisiones empresariales de las grandes compañías eléctricas de construir centrales de ciclo combinado con gas natural (alimentadas con un gas natural de importación, contratado en unas condiciones muy desfavorables). Y en los últimos 5 años, con la caída de la demanda eléctrica como consecuencia de la crisis económica todo el castillo de naipes se ha venido abajo.

En la actualidad el mercado español de la electricidad se caracteriza por una oferta (107.000 MW) ampliamente superior a la demanda (40.000 MW). Y curiosamente, con un mercado en el cual la oferta supera a la demanda, España tiene la tercera energía eléctrica más cara de Europa, tan solo superada por Malta y Chipre, dos países a los que no se suele tomar como referencia y que además son territorios insulares. Señal evidente de que algo no funciona.

Es evidente que hay que quitar de la tarifa eléctrica determinadas partidas que no tienen nada que ver con los costes de generación eléctrica, como las ayudas al carbón nacional (para mantener vivas las cuencas mineras), la moratoria nuclear, los costes extra-peninsulares, los costes de transición a la competencia, etc. Para salir de la recesión económica las industrias españolas deben exportar. Y no ayuda nada tener unos costes energéticos muy superiores a los de otros países con quienes se debe competir.