Big data

Big data es un concepto informático relacionado con el manejo de grandes cantidades de datos. En nuestra sociedad de la información los seres humanos estamos constantemente generando y almacenando información, con distintos orígenes, formatos y estructuras. Desde hace décadas, todo tipo de organizaciones, empresas y administraciones manejan bases de datos de las que extraen información sobre sus clientes y sus administrados, o sea, sobre nosotros.

Los ciudadanos que no estamos afectados por la brecha digital tenemos más de un aparato (smartphone, tablet, ordenador portátil) para conectarnos a Internet, buscar información, actuar en redes sociales, rellenar formularios, hacer compras, etc. El ritmo de crecimiento de esta cantidad de información que generamos cada día está aumentando notablemente y cada vez más hacen falta herramientas, algoritmos y metodologías más potentes, capaces de extraer información de valor casi en tiempo real.

La generación y almacenamiento de datos sobre consumo existe desde el comienzo de la tecnologías de información y comunicaciones (TIC), inicialmente con la retirada de dinero en cajeros automáticos, el pago mediante tarjeta de crédito o las reposiciones de almacenes mediante códigos de barras.

En muchas transacciones digitales se genera una información que queda registrada por parte del banco, de la entidad emisora de la tarjeta, o del comercio que vende, pero fuera del alcance del consumidor. Además, a través de las tarjetas de fidelización, los comercios o cadenas de comercios llegan a saber todo sobre nuestras pautas de consumo (qué compramos, dónde compramos, cuándo compramos, cómo pagamos)

Todo este flujo de datos se ha multiplicado en 10 años desde la generalización de Internet. Cada vez que visitamos una página web nuestras andanzas digitales quedan registradas en las molestas cookies. En las compras por Internet (portales de consumo), se asocia nuestra cuenta de correo electrónico a nuestra tarjeta de crédito. Es frecuente tener que rellenar formularios para acceder a contenidos. Nuestros perfiles en redes sociales se asocia nuestra cuenta de correo electrónico con nuestra lista de contactos y con los contenidos intercambiados. Y nuestros smartphones, con los que cada vez hacemos más compras, asocian una tarjeta SIM, nuestra ubicación física (GPS), nuestro número de teléfono, nuestra lista de contactos y nuestra cuenta de correo electrónico. 

Además de estos datos generados por nosotros mismos existen muchos otros datos relacionados con nosotros mismos que son generados por máquinas (imágenes de video grabadas en las calles, ubicación del GPS, señales de telefonía móvil).

Todo esto genera cada día millones de big data, de datos masivos, dispersos y sin aparentemente sin valor, pero si estos datos se analizan y organizan según una estructura de interés para los vendedores pueden llegar a ser un importante activo comercial que les permite segmentar a sus clientes clientes.

El concepto big data se define por 3 variables que empiezan por v (volumen, variedad y velocidad de los datos), a las que en ocasiones se añaden 2 v más (veracidad y valor de los datos). Su propósito es convertir datos en información más o menos estructurada y filtrada que facilite (a quien la tiene) la toma de decisiones, en general sobre su oferta comercial extraer valor de estos datos para conocer mejor a los clientes, analizar el pasado y hacer predicciones de futuro. 

Muchas veces nos graban "por seguridad" las conversaciones telefónicas que mantenemos con nuestro banco o empresa de telecomunicaciones. Pero la grabación nunca está en nuestro poder. Es una demostración de la asimetría existente en la privacidad de los datos ¿Quién es el propietario de esa información sobre nosotros y nuestro consumo? En una entrada anterior sobre los contadores inteligentes se exponía otro ejemplo flagrante de asimetría.

Los usuarios de esta información estructurada son entidades financieras (aseguradoras, crédito), administraciones públicas (gobiernos, hacienda, fraude, educación, sanidad, seguridad ciudadana, tráfico) o empresas (fabricantes, distribuidores, energía, comunicaciones).

El big data no es una moda informática más, ya que este análisis y comercio de información personal puede plantear cuestiones éticas sobre confidencialidad, transparencia o discriminación. Como ciudadanos, como consumidores y como votantes debemos ser conscientes de que el big data es la información que todos (empresas y administraciones) quieren tener sobre nosotros, de que constantemente vamos dejando pistas y de que nada cae en saco roto y que nuestra promiscuidad en facilitar datos puede ser utilizada para insistir en pesadas propuestas comerciales personalizadas que -sin haberlas solicitado- nos llegan vía teléfono y/o mensajes y/o correo electrónico.

Para llegar a esto hace falta interpretar, ser capaces de extraer conclusiones a partir de esta marea de datos. Esto está dando pie a nuevas profesiones emergentes como científico de datos. Para esta profesión de futuro hace falta saber de informática, de psicología y de sociología, conocer bien el negocio y, sobre todo, saber hacerse las preguntas adecuadas

Solo dentro del concepto de big data es posible comprender el valor económico de aplicaciones como WhatsApp, comprada por una millonada por una red social. El poder y el valor de empresas como Google (la que aloja los contenidos de este blog) radica en obtener millones datos, procesarlos y usar o vender esta información estructurada, con fines comerciales, al margen de los intereses de los ciudadanos.

Propuestas para un mercado común eléctrico

Una de las carencias de la Unión Europea (libre circulación de personas y bienes) es la falta de un mercado eléctrico único para toda la UE. La existencia de 20 mercados eléctricos nacionales es un claro despilfarro. Tras décadas de retraso, una de las 10 prioridades del actual equipo de gobierno de la Comisión Europea es la Unión de la Energía, un mercado más integrado, interconectado y seguro.

Tras publicar hace un año el nuevo paquete de economía circular, con objetivos fijados para el año 2030 y tras el acuerdo de París (Diciembre de 2015) para frenar el calentamiento global, que confirmó este planteamiento, la Comisión Europea ha dado a conocer las directrices propuestas para la transición del mercado eléctrico en la UE. La descarbonización de la economía de la UE -que se ha propuesto reducir sus emisiones de CO2 en un 40% hasta 2030- pasa necesariamente por una reforma del mercado eléctrico.

Los objetivos ya fijados para 2020 se complementan con nuevos objetivos para 2030. El % de la energía renovable sobre el total de la energía eléctrica consumida en la UE fue del 16% en 2014, el objetivo para 2020 es del 20 % y para 2030 es del 27%, en línea con los objetivos del Acuerdo de París.

Esta revisión pretende volver a situar a la UE en el primer plano de las energías limpias y contempla un futuro mercado eléctrico con mayor proporción de energías renovables (intermitentes en el caso de la energía solar y eólica), con nuevas tecnologías de gestión eléctrica (contadores y redes inteligentes), con una mayor electrificación de la sociedad (con el despegue del vehículo eléctrico), con una mayor participación de los consumidores y con nuevos agentes, como los agregadores de demanda.

Para ordenar el desarrollo de las energías renovables se pasa de incentivo basado en primas a la producción eléctrica a un mecanismo de subastas competitivas, de forma que se llevarán a cabo los proyectos capaces de ofertar los precios más competitivos (el mejor postor).

Otra de las novedades es que las centrales de energías renovables pierden la prioridad en la inyección a la red eléctrica que hasta ahora tenían frente a las centrales de energías renovables. 

Una de los desarrollos clave en este futuro mercado con un gran peso de la generación eólica y solar es el almacenamiento de energía eléctrica (baterías y otros desarrollos), que va a permitir superar la histórica limitación de tener que adaptar la oferta a la demanda eléctrica.

Con objeto de fomentar la competencia, la próxima normativa no va a permitir -salvo contadas excepciones- que las empresas de transporte y distribución de electricidad (actividades reguladas) estén presentes en la actividad del almacenamiento de energía eléctrica. Ni tampoco va a permitir a las distribuidoras la actividad de recarga de vehículos eléctricos. 

Y en línea con este aumento de la competencia se pretende impulsar la actividad de los agregadores de demanda, una empresas intermediarias que gestionan la demanda de numerosos consumidores eléctricos y a la vez prestan servicios auxiliares al mercado eléctrico.

También se fomenta que los ciudadanos puedan generar, almacenar, consumir y vender su propia energía eléctrica renovable, a fin de abaratar la factura eléctrica en los hogares. 

En relación con la eficiencia energética los objetivos vinculantes para 2020 son de una mejora del 20% y para 2030 del 30%. La gran apuesta para ello es la adaptación y rehabilitación del parque edificatorio existente, un potente yacimiento de empleo. También se pone el foco en la descarbonización de las instalaciones de climatización, con una clara apuesta por el fomento de las energías renovables para la calefacción o refrigeración de edificios.

En total se preve movilizar anualmente del orden de 177.000 M€/a de inversión pública y privada a partir de 2021, generar hasta el 1% del PIB en la próxima década y crear unos 900.000 puestos de trabajo.

Estas medidas ponen en entredicho los parches normativos vigentes en España, dictados según los intereses de las compañías eléctricas, que se recogen en el controvertido RD que torpedea el autoconsumo eléctrico. 

Las propuestas se completan con un plan de refuerzo de las interconexiones eléctricas y gasistas.

Estas propuestas aún deben ser validadas por el Consejo y el Parlamento Europeos, por lo que aún queda un recorrido importante. Si finalmente sale como apunta no pinta mal, aunque aún se mantienen viejos tics del siglo XX, como mantener las subvenciones a los combustibles fósiles (pagos por capacidad a las centrales basadas en gas natural, siempre que se mejore un determinado ratio de emisiones de CO2 por kWh).