La economía circular aplicada a la edificación

La actividad del ser humano basada en la explotación y el uso intensivo de los recursos naturales es la causa de diversos impactos ambientales, como la contaminación de aguas, suelos y aire, el efecto invernadero y la generación de residuos.

El sector de la edificación es causante del orden del 40% del consumo de materias primas, del consumo de agua, de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y de los residuos generados. Debido a esta gran repercusión los gobiernos han publicado una serie de marcos normativos, de planes directores y de incentivos.

El concepto de economía circular tiene todo el sentido en el caso de productos de consumo de vida corta, pero no hay grandes referencias sobre la aplicación de estos criterios al caso de algo más complejo y duradero como un edificio.

La edificación  funciona claramente según un modelo de economía lineal. Los edificios son diseñados para una vida de, por ejemplo, 60 años, y en ocasiones pueden ser demolidos antes de este plazo, debido a intereses urbanísticos. En todo caso al derribarlo se genera un importante volumen de residuos de construcción y demolición (RCD) del que tan solo se recupera una parte. Por ejemplo, una viga de madera es triturada o empleada como combustible, el hormigón estructural se convierte en material no estructural e incluso materiales modulares como los ladrillos son machacados en vez de ser reaprovechados. Y el nuevo edificio construido en el mismo solar consume una buena cantidad de materias primas y materiales de construcción nuevos.

Este modelo lineal supone claramente un derroche absurdo y una falta de visión de futuro. El sector de la edificación tiene un elevado potencial de mejora dada su escasa innovación ambiental. Los análisis de ciclo de vida y los criterios cradle-to-cradle del arquitecto William McDonough, junto con la capacidad de innovación de muchos arquitectos inconformistas, nos deben ayudar a repensar cómo diseñar los edificios y tienen muchas ideas que aportar.  

En los últimos años, dentro del concepto de edificación sostenible, se está incidiendo en ecodiseño, en la selección de materiales y técnicas constructivas sostenibles, pero en general dentro del modelo de economía lineal. Resulta evidente que debe haber oportunidades para romper este círculo vicioso y poder ahorrar tiempo y dinero.

No obstante, la aplicación de los criterios de la economía circular a la edificación no es tan simple y directa como podría parecer. Los edificios son objetos mucho más complejos que la mayoría de los bienes de consumo y están formados por miles de componentes. Por lo tanto es preciso un planteamiento singular.

Recientemente se ha publicado un libro, escrito por David Cheshire y publicado por el Royal Institute of British Architects (RIBA), titulado Building revolutions (un juego de palabras que significa tanto revoluciones en los edificios como construyendo revoluciones). En esta obra se establecen algunos de los principios de la economía circular aplicados expresamente a la edificación, que se resumen en el siguiente gráfico:

Los tres círculos más pequeños se refieren a los edificios y muestran que la opción más eficiente es preservar los edificios existentes (retain), seguida de reparar (refit) y de rehabilitar más a fondo (refurbish).

Los tres círculos más grandes se refieren a los materiales de construcción, siendo lo prioritario el diseño de componentes que puedan ser recuperados / reutilizados, refabricados o reciclados / compostados, siendo su vertido la última opción.

Finalmente, los cinco segmentos muestran cinco principios del diseño de edificios asociados al concepto de economía circular:

- selección cuidadosa de materiales (ecodiseño)

- tener en cuenta la posibilidad de desmontaje para permitir la deconstrucción del edificio y la recuperación de componentes y materiales intactos durante su renovación o demolición

- tener en cuenta la adaptabilidad (edificios temporales, otros usos)

- evitar la generación de residuos, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del edificio (ecodeseño)

- construir en capas 

Uno de los principios clave que se plantea es el diseño para construir en capas. Este diseño considera que cada uno de los componentes principales del edifico (estructura, envolvente, servicios, distribución y decoración) es algo separado e independiente. Así, la estructura es el componente de mayor duración y es independiente de la envolvente (las fachadas y el tejado). Las redes de servicios constituyen una capa accesible, que se puede sustituir cuando sea necesario. La distribución (los huecos) y los accesorios y objetos decorativos son elementos de ciclo de vida corto, que se pueden cambiar a menudo.

La solución arquitectónica para los elementos de ciclo de vida corto es relativamente sencilla. Basta con emplear sistemas modulares o incluso alquilar al suministrador (en vez de comprar) los elementos constructivos, de forma que puedan ser sustituidos y devueltos para su refabricación o reutilización.

Lo más peliagudo es el criterio para los elementos de ciclo de vida más largo, como la estructura. Una posibilidad es diseñar estructuras robustas y adaptables. Otra posibilidad es admitir un ciclo de vida más corto para el edificio y diseñar su estructura teniendo en cuenta su desmontaje y reutilización.

El análisis está sujeto a diversos matices en cada caso y puede llevar a ideas muy interesantes que podrían hacer que los edificios y sus componentes puedan tener varias vidas e incluso pasar a ser un activo independiente de su emplazamiento, capaz de ser trasladado y adaptado según las necesidades cambiantes o las demandas del mercado.

Algunos ejemplos de referencia son edificios desmontables modulares, sin cimentaciones, edificios completamente desmontables capaces de sufrir varias metamorfosis  o reencarnaciones desmontando y reconstruyendo sus elementos constructivos, o un innovador parque empresarial con edificios adaptables y deconstruibles.

Queda un largo recorrido por recorrer para circularizar el sector de la edificación, pero el camino está marcado. No se trata de edificar menos, sino de edificar mejor, con una visión global y con la mirada puesta en el futuro. Se trata, en definitiva, de que los edificios no sean meros bienes de consumo, y de que también la edificación deje un legado positivo a las generaciones futuras.

La brecha digital

Durante los últimos 30 años, con los avances en informática y en telecomunicaciones ha surgido la llamada sociedad de la información y un nuevo y potente sector industrial, el sector de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC). El funcionamiento de la economía se ha visto revolucionado por las TIC, muchos modelos de negocio se han visto redefinidos, las cadenas de suministro se han globalizado, el diseño y el propio concepto de lugar de trabajo se ha visto transformado. Pequeñas empresas recién creadas se han convertido en grandes imperios y algunos servicios públicos como la sanidad y la educación han experimentado grandes cambios.

El sector de las TIC es capaz de ofrecer a la sociedad de la información nuevos productos y servicios, basados en el acceso instantáneo a la información y al conocimiento, que afectan a casi todos los ámbitos de nuestras vidas y constituyen toda una innovación social, pues han transformado nuestra forma de pensar y de relacionarnos con los demás. Sin embargo, no toda la sociedad se beneficia del uso de las TIC. Los ordenadores e Internet son potentes herramientas para trabajar y para aprender, que requieren ciertas habilidades de memoria y de pensamiento abstracto. 

La verdad es que durante años el gran avance de Internet ha sido debido a las fuerzas del mercado, más interesadas en ofrecer contenidos y servicios de consumo que en atender las necesidades reales de información por parte los usuarios. 

Entre todas las desigualdades sociales que caracterizan a las economías desarrolladas ha surgido el concepto de brecha digital, que es la desigualdad que existe entre aquellas personas que pueden acceder a la información mediante las nuevas TIC y las que no. El psicólogo estadounidense Lloyd Morrisett -uno de los padres del programa de TV “barrio Sésamo”- fue el primero en emplear el término brecha digital (digital divide) a mediados de los años 90, para hacer referencia a la fractura que podría producirse en los EEUU entre ciudadanos "conectados" y "no conectados" por diferentes motivos, si no se superaban las serias diferencias entre territorios, razas y etnias, clases y géneros, mediante inversiones públicas en infraestructuras y mediante ayudas a la educación.

La definición más extendida de la brecha digital es la desigualdad que existe entre las personas que pueden acceder a la información mediante las nuevas TIC y las que no. Una primera brecha digital existe en relación a la posibilidad física de acceder a Internet. Además hay una segunda brecha digital en cuanto a las capacidades y habilidades de cada individuo, a saber usar Internet para acceder a información y a conocimientos. Y existe una tercera brecha digital en cuanto a la diferencia entre el conocimiento experto-científico y el conocimiento social-popular, con muchos internautas que huyen del primero y se contentan con el segundo, el que pulula en las redes sociales.

Existe una relación dinámica y dialéctica entre la brecha digital y otras brechas sociales. Se considera que la diferencia en el acceso a las tecnologías incrementará las diferencias sociales ya existentes. Es decir, que la brecha digital implicará más desarrollo para los países, regiones y personas con mejores oportunidades de acceso en detrimento de quienes tienen menos. Esta diferencia se hará evidente no solo entre países, sino también dentro de cada país, privilegiando a las poblaciones con mejores condiciones económicas, políticas, sociales y culturales. 

La Fundación Telefónica publica desde hace más de 15 años el informe anual sobre la sociedad de la información en España, en el que se reflejan los avances del sector de las TIC y se destaca el ritmo de evolución de las tecnologías digitales, mostrando un panorama optimista desde el punto de vista de la industria y la tecnología.

Una visión más pesimista desde el punto de vista de la sociedad es la mostrada en el estudio del sindicato UGT sobre la “desigualdad postergada” que analiza tres indicadores para determinar la situación de la brecha digital en España y su comparación con otros países de la UE:

- Hogares conectados a Internet: el 74% sí (el 26% no)

- Frecuencia de acceso a Internet: el 71% accede una o más veces por semana

- Otros indicadores compuestos

Según este estudio España, lastrada por un retraso secular en ciencia y tecnología, está en los puestos de cola en los tres indicadores, y en el cuarto lugar dentro de los cinco países más grandes (tras el Reino Unido, Alemania y Francia, y solo por delante de Italia). En 2014 un 23% de la población española no había accedido nuca a Internet. 

Dado que los avances en los últimos años son claramente insuficientes se corre el riesgo de la brecha digital convierta en un lastre para el progreso de la sociedad. El perfil de las personas con mayor riesgo de exclusión digital, dentro de un colectivo de más de 8 millones de personas, es: mujer, mayor de 55 años, con escasa formación académica, con renta baja y residente en un hábitat rural 

En toda Europa estamos muy avanzados en cuanto a nativos digitales y muy rezagados en un amplio colectivo en riesgo de exclusión. Las brechas digitales, aunque parezcan brechas tecnológicas son auténticas brechas sociales. La principal barrera para el acceso a Internet es la falta de interés, seguida de la falta de conocimiento (pese a ser conscientes de su importancia). Esta brecha tan solo se puede reducir a largo plazo, mediante inversiones públicas en infraestructuras y programas de formación.

Evidentemente el uso de las TIC es un asunto de actitud personal y de falta de cultura digital. El acceso a Internet no es difícil ni complicado de usar. Pero el 23% de la población no sabe lo que Internet representa ni qué aprovechamiento se puede hacer de sus contenidos.

En las empresas existen medios de acceso al mundo digital, pero no se aprovechan o no se ponen al acceso de los empleados. Tan solo un cuarto de las empresas ofrece formación y sólo un cuarto de los empleados ha recibido formación en el último año. Esto supone una clara paradoja con la supuesta búsqueda de profesionales con capacitación tecnológica. 

Y en cuanto a la relevancia futura de las TIC en el  entorno laboral, tan solo la mitad de los profesionales considera que sus conocimientos informáticos son suficientes para acceder a un nuevo puesto de trabajo. La cruda realidad es que un amplio colectivo de la masa laboral y social no se sabe usar las TIC, que no se dice que no se sabe y que se hace como que no se sabe que no saben… No se sabe emplear, no se saca provecho de las funcionalidades de smartphones, de tablets, de la domótica. Otro dato demoledor: la mayor parte del colectivo de desempleados con más de 55 años no emplea Internet para buscar trabajo, y así es casi imposible.

Sobre las estrategias necesarias para abordar la brecha digital se debiera partir de la sociedad que soñamos y no de la tecnología. Y una vez definido el sueño, el objetivo se debiera reflexionar sobre cómo las tecnologías pueden contribuir para alcanzarlo. Por ejemplo, se habla de la solidaridad digital como estrategia de reducción de desigualdades; sin embargo la reflexión debería estar centrada en cómo las tecnologías pueden apoyar la construcción de sociedades solidarias y qué condiciones requieren los grupos sociales en cuanto al uso de las TIC para llegar a esta aspiración. Este cambio de enfoque podrá transformar a su vez la comprensión de lo que es la brecha digital.

Planes municipales: mucho más calado que solo el urbanismo

En distintas entradas de este blog se ha mencionado la importancia de las ciudades en la actividad económica, en el consumo energético y en las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel planetario. También se ha visto que la mayor parte de los consumos de energía se dan en los sectores de la industria, el transporte y los edificios.

En general la legislación de la UE ha ido forzando a la industria europea a hacer sus deberes en cuanto a eficiencia energética y medioambiental. Y los clientes y competidores les han forzado a hacer sus deberes en cuanto a economía y responsabilidad social.

En una ciudad el balance de energía final (del orden del 75% térmica y el 25% eléctrica) se reparte en un 50% en los edificios y un 40% en transporte. En el sector transporte la solución debe pasar por alternativas al transporte motorizado (potenciando el vehículo eléctrico en las ciudades y el transporte de mercancías por ferrocarril eléctrico). Y es en el sector de los edificios donde hay más tareas pendientes, debido a la gran dispersión de agentes y de competencias.

En las administraciones locales, con competencias en edificación y en vivienda, los temas de energía en los ayuntamientos han sido tradicionalmente despachados en la Concejalía de Urbanismo, pero en general ni el arquitecto, ni el aparejador ni siquiera el ingeniero municipal han tenido que afrontar planificaciones que no sean urbanísticas.

La realidad es que en el diseño, la construcción y el mantenimiento de los diversos equipamientos municipales no se han tenido en cuenta las consideraciones energéticas (ahorro y eficiencia). Muchas infraestructuras -construidas en los años de las vacas gordas- están sobredimensionadas, teniendo en cuenta unas previsiones irreales de desarrollo económico y urbanístico.

Hasta hace unos años existía el concepto de costes energéticos, pero eran algo perfectamente asumible. Sin embargo, la llegada de la crisis de 2008 ha supuesto un cambio también en este asunto, debido a los recortes en los presupuestos municipales (caída de ingresos), a la cada vez mayor dotación de infraestructuras, a los costes energéticos crecientes y, sobre todo, a la carencia de una cultura energética en las entidades locales.

El informe Ciudades con futuro, publicado en 2014 por la Fundación Renovables se plantea el objetivo de cero emisiones de GEI en las ciudades en 2015, lo que supone una reducción a la mitad de la demanda energética, con criterios de eficiencia energética. Este informe parte de la consideración de que la energía debe ser un derecho y un bien de utilidad pública (un servicio básico universal), y no la base para un gran negocio de unas pocas empresas.

Un ayuntamiento del siglo XXI debiera tener sus planes elaborados y en vigor, con propuestas coherentes y con objetivos cuantificables y no solo planes urbanísticos sino también planificaciones energéticas y de sostenibilidad, con objetivos de reducción de consumos energéticos y de las emisiones de GEI asociadas.

Para ello, en los últimos años, se está asumiendo también en los ayuntamientos el concepto de gestión energética con el fin de racionalizar el gasto energético municipal y de avanzar hacia la consecución de los objetivos, a través de:

- Un inventario actualizado de todos los consumos energéticos

- Una auditoría energética de los equipamientos municipales (alumbrado público, equipamientos municipales: casa consistorial, escuelas, residencia de mayores, biblioteca, polideportivo)

- Una renegociación de los contratos de suministro con las compañías suministradoras de electricidad y gas

- Un sistema de mantenimiento integral de los elementos consumidores eléctricos (incluyendo saneamiento, depuración de aguas, riego...)

- La puesta en marcha de diversas medidas de ahorro y eficiencia energética (nuevos equipos y nuevos hábitos)

-  La comunicación, difusión y sensibilización a la ciudadanía

Algunos municipios han suscrito adicionalmente el Pacto de alcaldes, de adhesión voluntaria, que compromete a los firmantes a unos objetivos más ambiciosos que los generales de la Estrategia Europa 2020. En línea con este carácter ejemplarizante de la administración se han abordado diversos planes de acción para la energía sostenible (PAES), planes de movilidad urbana sostenible (PMUS) o estrategias de desarrollo urbano integral sostenible (EDUSI).

Pero la realidad es que a todos estos estudios, planes y estrategias les falta visión global y están, en el mejor de los casos, a medio hacer, sin mucha convicción, si hay subvenciones...

Mirando a nuestro alrededor, podemos ver que las ciudades más avanzadas en cuanto a la transición energética, aparte de tener hechos estos deberes desde hace años, han dado pasos adicionales, avanzando decididamente hacia la verdadera transición energética. Algunas de las claves son el compromiso a largo plazo de todas las fuerzas políticas municipales, la fijación de objetivos ambiciosos y el diálogo entre agentes sobre la organización económica y social de las ciudades, suscitando la participación ciudadana.

Por suerte son las administraciones locales más cercanas a los ciudadanos, los ayuntamientos quienes tienen las competencias en cuanto a circulación de vehículos y en cuanto a viviendas. Una reflexión sobre nuestro entramado administrativo podría decidir devolver competencias al nivel local para poder dedicar el espacio urbano a su uso por parte de los ciudadanos, fomentar inversiones en rehabilitación energética de edificios y edificios de consumo energético casi cero y democratizar el sistema energético (gestión pública de las redes de electricidad y gas). Así estaríamos en el camino correcto hacia los objetivos de la UE. ¿Posibilidad o ciencia ficción?