El derecho a una vivienda digna y adecuada aparece recogido como uno de los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (artículo 25.1) y también en la Constitución Española de 1978 (artículo
47), que añade que los poderes públicos son los responsables de promover las
condiciones necesarias y de establecer las normas adecuadas para hacer efectivo
este derecho.
Si bien es cierto, durante muchos años en España la vivienda
ha pasado a ser un producto de mercado y
una fuente de especulación e inversión. Los innumerables casos de ruinas de
urbanizaciones y de otras infraestructuras abandonadas a medio construir son el
reflejo de la gran transformación cultural y de modelo económico de los años
2007 a 2011.
Volviendo a la afirmación inicial “la vivienda es un derecho
universal”, resulta preocupante el panorama post-burbuja inmobiliaria con el
que se han encontrado muchos jóvenes: todo tipo de ofertas fraudulentas,
alquileres caros (o muy caros) y condiciones de alquiler asfixiantes en el
proceso de búsqueda de piso en prácticamente cualquier ciudad española.
En el caso de Barcelona, que tiene un total de casi 700.000
viviendas, tan solo el 1,7 % son viviendas de alquiler accesible? (datos de
2017). También en Barcelona se están pidiendo rentas de más de 500 € al mes por
el alquiler de una habitación. Estos hechos no son más que la constatación de
que desde tiempo la política sobre vivienda en España está planteada hacia
objetivos equivocados. Ante esta situación la pregunta lógica es ¿Qué podemos hacer para cambiar esto?
Una posibilidad es mirar alrededor y analizar lo que han
hecho nuestros vecinos europeos. Si bien es cierto que en todos los Estados de la
UE ha habido buenas y malas prácticas en materia de vivienda, conviene echar
una mirada en concreto hacia aquellas ciudades o países que consideramos un
modelo a imitar en cuanto a políticas de sostenibilidad.
En capitales como París o Londres para encontrar rentas
asequibles es preciso olvidarse de localizaciones céntricas y conformarse con
distritos periféricos o suburbanos, teniendo que pagar el peaje de horas y
gastos de desplazamiento cada día. Este es un caso similar al de Madrid.
En otras capitales han desarrollado políticas innovadoras.
Por ejemplo en Alemania, más proclive a la normativa, entró en vigor en2015 (no
en todos sus Estados) una ley de freno al precio del alquiler
(Mietpreisbremse). Esta ley está en vigor en Berlín, que se ha caracterizado
por unos aumentos desorbitados en el precio de la vivienda en los últimos años,
y limita el precio del alquiler por barrios o distritos, de forma que los
propietarios de las viviendas no puedan cobrar como alquiler más del 10% por
encima del precio medio fijado por metro cuadrado para ese distrito. El límite
de precio se establece a partir de los datos de un observatorio estatal de
alquiler. Aún es pronto para conocer la efectividad de esta limitación, pero es
un caso a seguir con atención.
En el caso de Holanda, más proclive al consenso, se ha
optado por reforzar el vínculo entre la administración municipal y la
ciudadanía. En la capital holandesa, Amsterdam, el ayuntamiento es propietario
del 80 % del suelo y la ciudad cuenta con un 33 % de su parque de viviendas a
precio asequible. Para poder costear este parque de viviendas el ayuntamiento
ha delegado algunas responsabilidades en asociaciones de vecinos, que se
encargan de mantener y gestionar las viviendas en suelo público.
Por medio de
un mecanismo de derecho de uso del suelo (pago de un canon a 50 años,
prorrogable) el ayuntamiento obtiene unos ingresos y las asociaciones de vecinos
se financian a través de la autogestión de las viviendas. En 2015 más de 400
asociaciones de vecinos administraban en la capital holandesa casi 200.000
viviendas. Aparte de gestionar las viviendas ocupadas estas asociaciones de
vecinos se encargan de buscar inquilinos para las viviendas no ocupadas y de
fomentar la rehabilitación de los edificios vacíos.
El análisis de las diferentes políticas vigentes en el
sector de la vivienda puede ofrecer mejoras en la problemática habitacional. Aun
así, la solución debe pasar por potenciar la participación ciudadana en la toma
de soluciones.
Sabemos lo que no ha funcionado, el modelo de promoción
inmobiliaria a base de especulación y de componendas políticas, un juego al que
se han prestado algunas administraciones y entidades financieras, a costa de
mantener acogotada a la juventud.
En España existe una asociación que aglutina a más de 100 entidades públicas de vivienda y suelo, en torno a la cual habría que articular nuevas políticas. Ante los nuevos retos debemos buscar y aplicar nuevas
soluciones, nuevas alternativas al sistema convencional de la vivienda en
España. O, dicho en palabras de Albert Einstein “si queremos obtener distintos
resultados no hagamos las mismas cosas de siempre”.
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