Tiempos de cambio (II): los políticos y los grandes grupos empresariales

En los últimos años se ha consolidado en España un exceso de poder concentrado en determinados sectores de la economía (la banca, las empresas energéticas, las constructoras, las telecomunicaciones, la defensa, la química, el transporte). Este hecho, junto con la alanza de hierro entre estos sectores y los gobiernos, ha dado como resultado que, en determinados casos, en vez de legislar según el interés general, se haya legislado según el interés particular de “los mercados financieros”, de estos sectores que hacen políticas de presión, y cuyo negocio depende de la legislación.

Esto ha supuesto en la ciudadanía una gran desafección ante la clase política y una pérdida de confianza ante los grandes lobbys empresariales. La palabra lobby procede de los vestíbulos del parlamento británico donde representantes de asociaciones empresariales abordaban a los políticos para trasladarles sus peticiones, de forma que sean tenidas en cuenta en sus decisiones legislativas. Así pues, el lobby procede del mundo anglosajón (es célebre el lobby del hotel Willard en Washington), pero en los últimos años ha hecho un hueco en España. Los grandes lobbys empresariales coinciden con los sectores económicos de mayor crecimiento en los últimos años (inmobiliarias, bancas, eléctricas, constructoras), aunque también hay potentes lobbys ecologistas, sindicales, etc. 

Las grandes empresas encuentran en la influencia directa sobre políticos y legisladores un camino más fácil y más accesible que en la influencia directa sobre la opinión y el voto de los ciudadanos. Para ello las asociaciones empresariales emplean instrumentos como think tanks, bufetes de abogados, empresas de comunicación o fundaciones para influir sobre los políticos, ya sea directamente o a través de fundaciones vinculadas a partidos políticos.

Está claro que cualquier sector de la sociedad necesita hacer valer sus posiciones frente a los poderes públicos, por lo que son habituales encuentros informales entre la sociedad civil y las empresas con los dirigentes políticos. Las actuaciones de relacionarse con los gobiernos son perfectamente legales. Sin embargo, en la práctica hay una falta de transparencia que permite influencias lícitas e ilícitas, así como prácticas opacas entre el sector privado y las administraciones públicas. En la Ley de Transparencia no se incluye un registro de lobbys.

Esta especial sensibilidad de los altos cargos hacia los grandes grupos empresariales no tiene paralelismo con las pequeñas y medianas empresas, que, según la OCDE, generan entre el 70 y el 90% del empleo. En España el 99,9% de los 3,2 millones de empresas son pymes (menos de 250 empleados) y el 95,5% son micro-pymes (menos de 10 empleados), mientras que solo 3.800 empresas tienen más de 250 empleados. Las pymes se dedican a los servicios, sobre todo al comercio, a la construcción y a la industria, son fruto de la vocación emprendedora de sus fundadores, son el motor económico de una región o de un país y salen a flote por sus capacidades, y no por las ayudas públicas ni por las disposiciones del Boletín Oficial del Estado.

La vergonzante política de puertas giratorias nos muestra los múltiples casos de altos cargos políticos que, al cesar en sus puestos, pasan a trabajar en empresas con control regulatorio, cuya cuenta de resultados depende de la legislación. Ante la opinión pública estos casos son un burdo pago por los servicios prestados, que solo una gran empresas eléctrica, constructora o de banca (y nunca una pyme) puede ofrecer.

No hay duda que la corrupción política es una de las preocupaciones ciudadanas y que es necesario erradicarla. Pero no hay que olvidar que tras un político corrupto suele haber un empresario corruptor.

Por suerte los ciudadanos somos consumidores y somos electores. Podemos elegir a quién comprar y en quién depositar nuestra confianza. Podemos impulsar alternativas -por ahora incipientes- a las grandes empresas energéticas y a la banca tradicional, así como a la clase política convencional. Es posible consumir productos y servicios de empresas de servicios técnicos municipales, de cooperativas eléctricas y de entidades de banca cívica. Y también están surgiendo movimientos ciudadanos de todas las ideologías. Solamente deberíamos confiar en grandes empresas creíbles y en políticos creíbles. Y para ello los políticos deben hacer autocrítica y empezar por reconocer que no se han acercado a sectores relevantes (las pymes) y continuar por hacer público cuántas veces se reúnen los políticos con empresas y asociaciones empresariales y cuántas con organizaciones ciudadanas.