El negro panorama de la energía eléctrica en España

El sector energético es un sector industrial con claras implicaciones económicas, sociales y ambientales. España, la 13ª potencia económica mundial, se caracteriza por una dependencia energética superior al 75%, muy por encima de la media de la Unión Europea, que es del orden del 50%.

Esto significa que solo el 25% de la energía producida en España es autóctona. Es decir, que además de importar la mayoría de la tecnología para transformar recursos energéticos en electricidad, tenemos que importar la mayoría de los recursos energéticos que necesitamos.

En 2011 el consumo de energía primaria en España fue de 130 millones de tep (toneladas equivalentes de petróleo), de las que 100 millones de tep fueron de importación. Éstas importaciones de combustibles fósiles supusieron 45.000 M€ en 2011, es decir, un 24% del total de las importaciones y una cifra del orden de magnitud a los ingresos por turismo que se obtienen en el país.

En 2012 estas importaciones crecieron un 11% hasta llegar a los 50.000 M€. Y en 2013 volvieron a crecer hasta los 57.100 M€. Y no crecieron por el aumento del consumo -que se redujo en 1 millón de tep- sino por la dependencia de las importaciones de crudo y de gas, recursos energéticos que se comercializan en el mercado mundial y cuyos costes no se pueden controlar por quien los compra.

Este incremento de 12.000 M€ en las importaciones de combustibles fósiles en dos años es una cifra que pasa desapercibida ante la opinión pública. Y sin embargo es superior a las cifras del artificioso déficit tarifario eléctrico anual que tanto airea nuestro Gobierno para justificar determinadas actuaciones de “política energética”.

La realidad es que en cuanto a energía, desde hace muchos años en España se ha planificado mal y se ha legislado peor, con multitud de vaivenes y de parches regulatorios. Y los consumidores eléctricos (los ciudadanos y las industrias) estamos pagando la cadena de errores de los políticos.

Para empezar, se ha priorizado la generación eléctrica, ya sea en régimen ordinario como en régimen especial, en detrimento del ahorro y la eficiencia energética. En lo relativo a generación eléctrica, en los últimos 12 años el paulatino despegue de las energías renovables, propugnado por la Directiva 2001 / 77, ha supuesto unas cuantiosas inversiones privadas en respuesta a una llamada del Gobierno en busca de un mix energético más “sostenible”, que han coincidido en el tiempo con decisiones empresariales de las grandes compañías eléctricas de construir centrales de ciclo combinado con gas natural (alimentadas con un gas natural de importación, contratado en unas condiciones muy desfavorables). Y en los últimos 5 años, con la caída de la demanda eléctrica como consecuencia de la crisis económica todo el castillo de naipes se ha venido abajo.

En la actualidad el mercado español de la electricidad se caracteriza por una oferta (107.000 MW) ampliamente superior a la demanda (40.000 MW). Y curiosamente, con un mercado en el cual la oferta supera a la demanda, España tiene la tercera energía eléctrica más cara de Europa, tan solo superada por Malta y Chipre, dos países a los que no se suele tomar como referencia y que además son territorios insulares. Señal evidente de que algo no funciona.

Es evidente que hay que quitar de la tarifa eléctrica determinadas partidas que no tienen nada que ver con los costes de generación eléctrica, como las ayudas al carbón nacional (para mantener vivas las cuencas mineras), la moratoria nuclear, los costes extra-peninsulares, los costes de transición a la competencia, etc. Para salir de la recesión económica las industrias españolas deben exportar. Y no ayuda nada tener unos costes energéticos muy superiores a los de otros países con quienes se debe competir.