5 de junio de 2016

Planes municipales: mucho más calado que solo el urbanismo

En distintas entradas de este blog se ha mencionado la importancia de las ciudades en la actividad económica, en el consumo energético y en las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel planetario. También se ha visto que la mayor parte de los consumos de energía se dan en los sectores de la industria, el transporte y los edificios.

En general la legislación de la UE ha ido forzando a la industria europea a hacer sus deberes en cuanto a eficiencia energética y medioambiental. Y los clientes y competidores les han forzado a hacer sus deberes en cuanto a economía y responsabilidad social.

En una ciudad el balance de energía final (del orden del 75% térmica y el 25% eléctrica) se reparte en un 50% en los edificios y un 40% en transporte. En el sector transporte la solución debe pasar por alternativas al transporte motorizado (potenciando el vehículo eléctrico en las ciudades y el transporte de mercancías por ferrocarril eléctrico). Y es en el sector de los edificios donde hay más tareas pendientes, debido a la gran dispersión de agentes y de competencias.

En las administraciones locales, con competencias en edificación y en vivienda, los temas de energía en los ayuntamientos han sido tradicionalmente despachados en la Concejalía de Urbanismo, pero en general ni el arquitecto, ni el aparejador ni siquiera el ingeniero municipal han tenido que afrontar planificaciones que no sean urbanísticas.

La realidad es que en el diseño, la construcción y el mantenimiento de los diversos equipamientos municipales no se han tenido en cuenta las consideraciones energéticas (ahorro y eficiencia). Muchas infraestructuras -construidas en los años de las vacas gordas- están sobredimensionadas, teniendo en cuenta unas previsiones irreales de desarrollo económico y urbanístico.

Hasta hace unos años existía el concepto de costes energéticos, pero eran algo perfectamente asumible. Sin embargo, la llegada de la crisis de 2008 ha supuesto un cambio también en este asunto, debido a los recortes en los presupuestos municipales (caída de ingresos), a la cada vez mayor dotación de infraestructuras, a los costes energéticos crecientes y, sobre todo, a la carencia de una cultura energética en las entidades locales.

El informe Ciudades con futuro, publicado en 2014 por la Fundación Renovables se plantea el objetivo de cero emisiones de GEI en las ciudades en 2015, lo que supone una reducción a la mitad de la demanda energética, con criterios de eficiencia energética. Este informe parte de la consideración de que la energía debe ser un derecho y un bien de utilidad pública (un servicio básico universal), y no la base para un gran negocio de unas pocas empresas.

Un ayuntamiento del siglo XXI debiera tener sus planes elaborados y en vigor, con propuestas coherentes y con objetivos cuantificables y no solo planes urbanísticos sino también planificaciones energéticas y de sostenibilidad, con objetivos de reducción de consumos energéticos y de las emisiones de GEI asociadas.

Para ello, en los últimos años, se está asumiendo también en los ayuntamientos el concepto de gestión energética con el fin de racionalizar el gasto energético municipal y de avanzar hacia la consecución de los objetivos, a través de:

Un inventario actualizado de todos los consumos energéticos
Una auditoría energética de los equipamientos municipales (alumbrado público, equipamientos municipales: casa consistorial, escuelas, residencia de mayores, biblioteca, polideportivo)
Una renegociación de los contratos de suministro con las compañías suministradoras de electricidad y gas
Un sistema de mantenimiento integral de los elementos consumidores eléctricos (incluyendo saneamiento, depuración de aguas, riego...)
La puesta en marcha de diversas medidas de ahorro y eficiencia energética (nuevos equipos y nuevos hábitos)
 La comunicación, difusión y sensibilización a la ciudadanía

Algunos municipios han suscrito adicionalmente el Pacto de alcaldes, de adhesión voluntaria, que compromete a los firmantes a unos objetivos más ambiciosos que los generales de la Estrategia Europa 2020. En línea con este carácter ejemplarizante de la administración se han abordado diversos planes de acción para la energía sostenible (PAES), planes de movilidad urbana sostenible (PMUS) o estrategias de desarrollo urbano integral sostenible (EDUSI).

Pero la realidad es que a todos estos estudios, planes y estrategias les falta visión global y están, en el mejor de los casos, a medio hacer, sin mucha convicción, si hay subvenciones...

Mirando a nuestro alrededor, podemos ver que las ciudades más avanzadas en cuanto a la transición energética, aparte de tener hechos estos deberes desde hace años, han dado pasos adicionales, avanzando decididamente hacia la verdadera transición energética. Algunas de las claves son el compromiso a largo plazo de todas las fuerzas políticas municipales, la fijación de objetivos ambiciosos y el diálogo entre agentes sobre la organización económica y social de las ciudades, suscitando la participación ciudadana.

Por suerte son las administraciones locales más cercanas a los ciudadanos, los ayuntamientos quienes tienen las competencias en cuanto a circulación de vehículos y en cuanto a viviendas. Una reflexión sobre nuestro entramado administrativo podría decidir devolver competencias al nivel local para poder dedicar el espacio urbano a su uso por parte de los ciudadanos, fomentar inversiones en rehabilitación energética de edificios y edificios de consumo energético casi cero y democratizar el sistema energético (gestión pública de las redes de electricidad y gas). Así estaríamos en el camino correcto hacia los objetivos de la UE. ¿Posibilidad o ciencia ficción?

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