20 de noviembre de 2015

Políticas socio-económicas y políticas climáticas

El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático se firmó en 1997, entró en vigor en 2005 y se mantuvo hasta 2012. Fue un compromiso internacional de reducción de emisiones de GEI (gases de efecto invernadero), que solo afectaba a determinados sectores (industriales) y al que se adhirieron de forma voluntaria determinados países (no los EEUU).

La realidad es que los responsables de las emisiones de GEI que causan el calentamiento global hemos sido unos pocos (Europa y los EEUU, durante nuestras muchas décadas de desarrollo industrial), mientras que los afectados, en mayor o menor medida, han son todos los países del Planeta. Y ahora que algunos países (China, India) empiezan su desarrollo industrial hacia el estado del bienestar del que disfrutamos nosotros, ¿con qué derecho les podemos condicionar su desarrollo -limitando sus emisiones de GEI- cuando somos nosotros los causantes del estropicio?.

Cuando se empezaba la negociación internacional para el escenario post-Kioto, hace casi 10 años, el gobierno británico de Tony Blair encargó al economista Nicholas Stern un informe sobre las consecuencias económicas del cambio climático, como se ha comentado en alguna entrada anterior.

La publicación de este informe suscitó expectativas de actuaciones políticas certeras, pero la crisis económica global de 2008, con sus políticas de ajustes presupuestarios y austeridad, echó por tierra cualquier actuación eficaz. La locomotora de la UE, el paladín mundial de la lucha contra el cambio climático, se frenó debido a la recesión económica de algunos países, lo que acabó con las iniciativas emprendidas previamente.

Con el estallido de la crisis mundial de 2008 la atención de nuestros dirigentes políticos se centró en otros asuntos económicos ajenos a los expuestos en el informe Stern. En vez de invertir como locos para generar empleo y combatir el cambio climático en la UE nos hemos centrados en políticas de austeridad. Pese a las evidencias científicas de la amenaza del cambio climático y sus repercusiones económicas, y pese a los avances técnicos que demuestran que es posible actuar, se han desaprovechado unos años con los tipos de interés por los suelos y con muchos recursos humanos no utilizados. Ha quedado demostrado que atender simultáneamente a la recesión y al cambio climático es demasiado pedir para nuestros políticos.

Se ha perdido una oportunidad única de lanzar diversas revoluciones en paralelo, canalizadas a combatir el cambio climático: la revolución energética, la revolución digital, la revolución de los nuevos materiales y la revolución de la biotecnología.

El principal motivo para no actuar ha sido la miopía y la falta de liderazgo de nuestros políticos (nacionales y europeos). Tras el fiasco de la COP de Copenhague de 2009 (con declaraciones huecas y trampas para ganar tiempo) y el acuerdo de la COP de Cancún de 2010 de limitar el calentamiento global de 2ºC, en breve nos llega una nueva (¿última?) oportunidad en la COP de París de 2015. Los compromisos de reducción de emisiones de GEI acordados hasta ahora han sido claramente insuficientes y hay muchos intereses a conciliar. En los últimos años las emisiones de GEI se han reducido en la UE, se han contenido en los EEUU y se han disparado en China.

Por suerte hay excepciones, como la visión de Alex Salmond, economista y político nacionalista escocés y ex Primer Ministro de Escocia: "Ahora que el mundo se mueve con paso vacilante hacia la recuperación económica, veo a la inversión en economía verde como una de las claves en la recuperación general de la economía mundial. Las actuales dificultades económicas debieran ser un estímulo y no un obstáculo para ese esfuerzo".

Pero hay algunas razones más para el optimismo: más de 150 países han adelantado ya compromisos voluntarios y la negociación internacional parece ser más productiva. En París tenemos la oportunidad de gestionar bien un cambio de modelo que es inevitable, dando señales para que se aborden las inversiones previstas. Los compromisos que se acuerden en París entrarán en vigor a partir de 2020.

En cuanto a sectores, la industria ha hecho sus deberes hace tiempo -aunque aún hay un camino por recorrer- y ahora hace falta actuar sobre el transporte y sobre las viviendas, con la generalización del vehículo eléctrico en las ciudades y las intervenciones sobre el parque de viviendas existente, a pesar de las zancadillas de los lobbys energéticos. 

La UE se juega su futuro económico e industrial y debe propiciar la transferencia tecnológica (paneles fotovoltaicos, almacenamiento de energía eléctrica, climatización, agricultura, usos del suelo, gestión de residuos) y la ayuda al desarrollo para que los países en vías de desarrollo tengan los mismos derechos al estado del bienestar.

Para ello nos tenemos que poner las pilas todos: ciudadanos, empresas y políticos. Y somos los ciudadanos, en nuestro papel de consumidores y de electores quienes tenemos la sartén por el mango.

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