La riqueza del petróleo

Los yacimientos de recursos energéticos fósiles (petróleo y gas) se encuentran desigualmente repartidos por el mundo. En teoría los países ricos en petróleo debieran ser capaces de haber desarrollado el bienestar social de sus ciudadanos. En la práctica, la explotación de estos yacimientos ha supuesto para los países productores fuertes ingresos económicos, que han contribuido de forma muy dispar a la prosperidad de sus habitantes.

Por ejemplo, el hallazgo de grandes cantidades de petróleo y gas en el Mar del Norte en 1980 condujo a dos modelos muy distintos de administración de la nueva fuente de ingresos. Por una parte el Reino Unido, el antiguo imperio y potencia industrial, ha aplicado estos nuevos ingresos para aliviar sus presupuestos anuales. Por otra parte Noruega ha administrado sus recursos mediante empresas estatales, ha creado un fondo soberano enorme que garantiza ayudas sociales y permite fomentar la I+D, lo que ha hecho de Noruega uno de los países más prósperos de mundo.

Fuera de Europa hay muchos más casos de países ricos en petróleo y gas cuyos ciudadanos no son partícipes de estas riquezas. México, Venezuela, Rusia o los países árabes dan muestra de grandes fortunas concentradas en muy pocas manos y de miseria social. Por ejemplo Indonesia es un gran productor de petróleo y es miembro del G20. Pero también es un país con mucha pobreza y un alta tasa de corrupción. El clérigo y líder musulmán indonesio Abu Bakar Bahir ha afirmado que "la riqueza del petróleo ha sido una maldición para nosotros;  nos ha hecho débiles y dóciles".

El lobby petrolero ha sido capaz de conseguir que durante muchas décadas ha habido grandes apoyos públicos (rebajas fiscales) a las exploraciones de combustibles fósiles. Informes del World Watch Institute y del -en estos temas- poco sospechoso Fondo Monetario Internacional demuestran que se dan más subvenciones a los combustibles fósiles que a las energías renovables.

El futuro de la economía del petróleo y del gas, de la buena o mala administración de los ingresos de los países productores, va a depender del énfasis que se ponga en cumplir con los compromisos internacionales de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En la COP de Cancún (2010) se llegó al acuerdo de limitar las emisiones de GEI de forma que se evite un aumento de la temperatura media global de más 2ºC por encima de los niveles de temperatura en la época pre-industrial.

Según cálculos de Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), para que las probabilidades de superar el límite de 2ºC no superen el 20%, las emisiones totales de CO2 entre 2000 y 2050 no deben rebasar las 886 Gt (gigatoneladas). Las emisiones reales hasta 2010 han sido de 321 Gt, por lo que tan solo nos queda un remanente de 565 Gt para emitir hasta 2050.

En base a estos cálculos, un informe de la iniciativa Carbon Tracker (2011), un think tank británico, alerta de una más que posible burbuja del carbono y del riesgo creciente de invertir en combustibles fósiles. Dicho en breve, grandes partes de las reservas en cuyos descubrimientos y exploraciones nos estamos gastando miles de millones de euros al año tendrán que quedarse sin quemar si nos proponemos evitar más de 2ºC de incremento de la temperatura global. Las reservas de combustibles fósiles equivalen a unas 2.860 Gt, cifra que se debe comparar con el tope comprometido de 565 Gt. Esto supondrá dejar enterrados bajo tierra del orden del 80% de unos recursos energéticos actualmente muy cotizados, lo que puede desencadenar una crisis financiera global bastante más seria que la de 2008, de la que 7 años más tarde estamos empezando a salir.

Ante esta encrucijada los gobiernos pueden tener visión a corto plazo, visión a largo plazo o falta de visión. Solo mediante una visión a largo plazo será posible diseñar un mix energético donde las fuentes de energía limpia tengan cada vez más peso, teniendo claro que siempre hará falta el soporte de combustibles fósiles. El remanente de emisiones de CO2 que nos podemos permitir hay que administrarlo con sentido común y equidad.

Pero sí hay algo seguro: cualquier plan basado en restringir el acceso a combustibles baratos está condenado al fracaso desde el comienzo, por lo que no tenemos otra opción más que afrontar el problema y crear soluciones sostenibles a largo plazo. El despliegue de las energías renovables hasta los niveles necesarios para no superar los 2ºC de calentamiento global no tendrá lugar hasta que capitales no ajusten el precio asignado a las reservas de combustibles fósiles.

Ciudades bajas en carbono y ciudades inteligentes

El economista holandés Peter Nijkamp, junto con otros investigadores, define como ciudad inteligente (smart city) a aquella ciudad en la cual las inversiones en capital humano y en capital social, así como las infraestructuras de comunicaciones tradicionales (transporte) y modernas (TICs) impulsan un crecimiento económico equilibrado y una alta calidad de vida, a través de una gestión eficiente de los recursos naturales y de una gobernanza participativa.

Por otro lado, una ciudad o una economía baja en CO2 asegura elevados niveles de vida a la vez que aumenta la eficiencia en cuanto a emisiones de CO2 en la producción y consumo de bienes y servicios. La ciudad baja en carbono debe reducir sus emisiones de GEI, tanto las directas como las indirectas.

Ambas definiciones incluyen los términos de eficiencia económica y ambiental, alineadas con los planteamientos de la economía circular.

En muchas ciudades europeas se han lanzado proyectos de smart cities, los ciudadanos oímos cosas pero parecen conceptos difusos. Existen diferentes visiones sobre qué es una ciudad inteligente. Para las empresas de telecomunicaciones la clave es una plataforma tecnológica (TIC), para las empresas de servicios la calve son las infraestructuras y los servicios urbanos, y para las empresas energéticas la clave son la movilidad y las redes eléctricas inteligentes.

Sin embargo una ciudad inteligente tiene más ingredientes, ingredientes intangibles que no pueden ser suministrados por este tipo de empresas. Según el Libro blanco de las smart cities, una ciudad inteligente es un espacio de competitividad en el cual existen unos mecanismos de mercado en torno a los cuales surgen iniciativas para proporcionar mejores servicios a los ciudadanos.

Las seis facetas a manejar cuando se habla de ciudades inteligentes son la economía, las personas, la vida ciudadana, la gobernanza, la movilidad y el medio ambiente. De estas 6 facetas las más recurrentes en los proyectos de smart cities son el medio ambiente y la movilidad.

Se han hecho estudios en busca de una definición medible de una ciudad inteligente, en función de su capacidad de acumular, conservar, integrar y perfeccionar su legado de capital físico, capital natural (los ecosistemas) y capital social (el bienestar humano).

Para comparar ciudades inteligentes y ciudades bajas en CO2 se han elaborado diferentes clasificaciones.

Los rankings de ciudades bajas en CO2 se basan en emisiones per cápita, a partir de los inventarios de gases de efecto invernadero.

Los rankings de ciudades inteligentes se basan en índices compuestos, con distintos indicadores y ponderaciones. En 2007 se elaboró un primer ranking de smart cities europeas, entre 70 ciudades de tamaño medio (entre 100.000 y 500.000 habitantes). Para ello se establecieron más de 30 indicadores, agrupados en las seis facetas antes mencionadas. Los indicadores considerados para medir cómo de inteligente es una ciudad fueron los siguientes:

De todos estos indicadores hay pocos que puedan ser suministrados por empresas tecnológicas, de servicios/infraestructuras o energéticas. Tal como se decía en una entrada anterior, una ciudad inteligente tiene que estar dentro de una sociedad inteligente y estos intangibles son temas de dirigentes políticos con visión de futuro y, sobre todo, de los ciudadanos.

Por cierto, este ranking estuvo encabezado por ciudades danesas, finlandesas, holandesas, austriacas, pero ninguna del Sur de Europa entre las 20 primeras. Para encontrar las diferencias podemos volver a repasar la lista de indicadores. ¿Todavía somos tan distintos?     

Residuos y energía

Una de las características de las ciudades es que para vivir necesitan recursos existentes fuera de ellas (materias primas, alimentos, energía). El suministro de energía eléctrica en las ciudades se realiza desde grandes centrales eléctricas (hidroeléctricas, termoeléctricas, nucleares, ciclos combinados con gas natural), mientras que el suministro de combustibles se hace (en el caso del gas natural) por tubería.

En los últimos años se han instalado algunas pequeñas centrales urbanas de generación de energía en las ciudades (solar fotovoltaica, biomasa, geotermia), de carácter por ahora testimonial.

Otra de las características de las ciudades es la enorme generación de residuos urbanos, cuya cantidad crece a medida que crece la actividad económica y el consumismo de los urbanitas.

La política ambiental en la Unión Europea está basada en la conocida jerarquía de 5 niveles, donde los tres primeros son la reducción (minimización), la reutilización y el reciclaje. El último eslabón, antes del vertedero, en cualquier sistema integral de gestión de residuos es aprovechar el contenido energético de las fracciones no reciclables, la denominada fracción resto, de los residuos. La recuperación de la energía contenida en los residuos apunta en la dirección correcta hacia los objetivos energéticos y ambientales de la UE (alternativas a los combustibles fósiles, alternativas al vertedero).

La política energética de una ciudad del siglo XXI debe ser idealmente innovadora, basada en las infraestructuras regionales, empleando los recursos energéticos apropiados -idealmente autóctonos-, asequible y contemplando un horizonte de 15 – 20 años.

El uso de los residuos como combustible es tan antiguo como las modernas ciudades contemporáneas. Las centrales energéticas a partir de residuos, las incineradoras, son una infraestructura habitual en cualquier ciudad europea, sobre todo en los países que todos tomamos como referencia en cuestiones energéticas y ambientales, donde se ha demostrado la complementariedad entre la recuperación material (reciclaje) y la recuperación energética (incineración) y cuyas tasas de vertido son mínimas (<10%). 

En estos países, con climas más duros que en el Sur de Europa, sus plantas incineradoras con recuperación de energía suministran a los ciudadanos electricidad y calor obtenidos a partir de “sus” residuos. Es habitual que las plantas incineradoras estén asociadas a redes urbanas de calor y frío (district heating and cooling), que discurren por el subsuelo de las ciudades. El 10% de la energía térmica de las redes europeas de district heating procede de los residuos urbanos. El aporte de energía térmica a estas redes se suele complementar con otras centrales alimentadas por biomasa o gas natural. Las redes de calor de Mataró y de Barcelona están abastecidas por calor procedente de sus plantas incineradoras. 

En España, con unas dependencias energéticas (>70 %) y unas tasas de vertido (>60%) escandalosamente altas, la incineración de residuos ha sido una opción denostada y tan solo se aplica al 10% de los residuos urbanos.

Para reconducir esta situación, sin olvidar en ningún caso el énfasis en las 3R (no hay que olvidar el objetivo en la UE de reciclar un 50% para 2020 y se habla de subirlo a un 70% para 2030) se deben considerar seriamente las plantas de recuperación energética de residuos urbanos y, en su caso, las redes municipales de calor y frío. Para ello, aparte de informar a la población sobre lo absurdo y costoso (económica y medioambientalmente) de nuestra situación actual y lo contrastado e inocuo de la situación futura, es imprescindible que nuestros políticos tengan una visión integral y sepan coordinar nuestras problemáticas energéticas con las ambientales.

A vueltas con la economía circular (II): algunos cambios necesarios

La consecución de los objetivos de la economía circular necesitará diversas actuaciones coordinadas para superar los muchos retos que ya se han identificado y, si hay acierto, tendrá como resultado el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo. Pero también va a suponer cambios relevantes (en el sentido de políticas consensuadas capaces de cambiar las reglas de juego), y no todos estos cambios estarán bajo el control de los dirigentes políticos, sino que necesitarán de la participación, el consenso y el apoyo de los ciudadanos (consumidores) y de las empresas (productores).

La generación creciente de residuos supone un fallo de diseño del sistema de producción / consumo y de gestión de residuos, tanto en la oferta (diseño y producción) como en la demanda (consumo de productos y servicios). Hasta hace poco tiempo las empresas de gestión de residuos hacían negocio recogiendo y eliminando las cosas que nosotros tirábamos. En el pasado el énfasis en la prevención ha sido testimonial.

De ahora en adelante los sistemas de gestión de residuos se debieran diseñar al margen de la producción y el consumo, los residuos deberán quedar fuera de nuestra actividad económica.

Entre las herramientas para avanzar hacia la economía circular contamos con el ecodiseño y con el consumo responsable. Las empresas deben pasar a ver sus productos y servicios desde un punto de vista más allá de los límites de su negocio, más allá del punto de venta. Y los consumidores deben cambiar la cultura dominante de posesión por otras culturas de consumo como el alquiler, el leasing o el consumo colaborativo.

Las empresas han hecho esfuerzos en los últimos años por aumentar sus niveles de reciclaje. Y también los entes locales. Sin embargo en los hogares tirar las cosas sigue saliendo casi gratis. Y si no hay un incentivo económico para no tirar las cosas no se podrán mejorar los niveles de recuperación de los residuos domiciliarios. En algunos países se están probando medidas de cobrar por la recogida y el y tratamiento de los residuos domiciliarios en función de la cantidad que se genere (pay as you throw), y no en función de los metros cuadrados o del valor catastral de la vivienda.

Con objeto de seguir consumiendo menos recursos primarios la mejor solución podría ser establecer tasas al uso de recursos (materias primas), para favorecer el uso de materiales reciclados. Esta medida presenta serias dificultades, dada la libre circulación de bienes entre países y dado que en determinados países existen incluso subvenciones para la extracción de materias primas. En este sentido la Unión Europea debiera jugar un papel de liderazgo a nivel internacional

Otras medidas de tipo fiscal, buscando siempre el mayor aprovechamiento de los recursos, pueden ser tasas al vertido y a la incineración de residuos, a la extracción / captación de agua, a los combustibles para calefacción y a los productos de usar y tirar, empezando por colillas de cigarrillos, chicles, vasos de plástico y envases de comida basura y siguiendo por pañuelos de papel y envases.

Estas y otras que se expondrán en entradas posteriores son cuestiones para las que habrá que encontrar respuestas entre todos.